Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria (FdV) y Foro Judicial Independiente (FJI) reivindicaron ayer su derecho a hacer huelga tras presentar en el registro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los escritos por los que comunican la convocatoria de un paro de 24 horas para el próximo 18 de febrero al que están llamados "los jueces y magistrados de todo el territorio nacional".
El escrito, que fue entregado por el nuevo portavoz de FdV, Marcelino Sexmero, y el de FJI, Benito Raboso, sostiene que la convocatoria "se ampara en el derecho fundamental de huelga que contempla el artículo 28.2 de la Constitución", del que, según aseguran, también son "titulares los jueces y magistrados". Sobre este extremo tendrá que pronunciarse el CGPJ el próximo lunes en un pleno extraordinario.
Para justificar la "legitimación" de los jueces a la hora de llevar a cabo el paro, las asociaciones apelan al "derecho de libre asociación profesional de jueces y magistrados", recogido en la Constitución, y a "la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos sus aspectos", contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Como tercer argumento, aluden a una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en 1981 "de la que se desprende", según informan en su escrito, "la legitimación de las organizaciones profesionales para convocar huelga en el ámbito territorial y funcional que le es propio". Sexmero aseguró que la huelga es "un acto de responsabilidad" porque los jueces y magistrados están "bastante hartos de la situación en la Administración de Justicia y de la irresponsabilidad de los Ministerios de Justicia y de los gobiernos de este país, incluido el actual pero también los anteriores".
