La presidenta de la Junta, Susana Díaz, dio ayer un volantazo en su discurso contra la corrupción y anunció una medida que ni siquiera ha adoptado aún el líder de su partido, Pedro Sánchez. «Cualquier persona que resulte imputada por el Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cualquiera, va a tener que dejar su escaño. Y esto que anuncio aquí, se lo diré yo, se lo explicaré personalmente a ellos», sentenció.
Díaz hizo el anuncio 24 horas después de que la Fiscalía planteara dividir el caso ERE, trasladando una parte al Supremo la que apunta a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otra al TSJA, la que implica a actuales diputados autonómicos salpicados por el fraude en los expedientes de regulación de empleo. Preguntada, dos veces, por si se estaba refiriendo a sus antecesores en el cargo y mentores políticos, Chaves y Griñán, la presidenta andaluza zanjó: «Me estoy refiriendo a todos».
La semana pasada, el presidente Mariano Rajoy retó en el Congreso al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para que expulsara a los dos expresidentes salpicados por el fraude. «¿Le ha dicho usted a Chaves y Griñán que se vayan? ¿No le deja Susana Díaz actuar con los ERE?», preguntó en la réplica a las críticas de Sánchez por la Operación Púnica, que ha enviado a la cárcel a señalados miembros del PP.
Alhaurín. No hace ni un año, cuando un político era imputado en una causa judicial, el partido al que pertenecía, fuera del PSOE o del PP, defendía invariablemente la siguiente máxima: «Estar imputado no es estar condenado ni ser culpable. La imputación es una figura de garantía procesal que permite a un ciudadano defenderse en caso de verse relacionado en un proceso judicial». Esta tesis sobre la «presunción de inocencia» sigue vigente. Pero la brusca irrupción de Podemos en el panorama político actual ha forzado a los dos grandes partidos a endurecer su discurso ante una ciudadanía indignada por el goteo constante de casos de corrupción que asedian a PSOE y PP, y a adoptar medidas más contundentes.
En las últimas 48 horas, el PP-A se ha resignado a perder el gobierno y toda la representación que tenía en el Ayuntamiento de Alhaurín El Grande (Málaga), por negarse a apoyar el regreso del exalcalde popular, Juan Martín Serón, condenado por cohecho a un año de inhabilitación por un delito de cohecho; y el PSOE ha anunciado que «ningún escaño de ninguna Cámara debe estar ocupado por un imputado por corrupción, con independencia de la presunción de inocencia». El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, remachó ayer el anuncio de Díaz: «No queremos imputados en ninguna Cámara. No vamos a permitir ninguna situación que genere dudas o que no haya una posición firme; seremos implacables, con celeridad», informa Efe.
Esta decisión puede concretarse en nombres y apellidos en cuanto resuelva el Supremo, donde reside el caso ERE en lo relativo a nueve aforados. Anticorrupción ha pedido que se trocee la macrocausa de los ERE, con 229 imputados, y que el Supremo se encargue de investigar la implicación de Chaves, Griñán, el exconsejero de Innovación José Antonio Viera, y los exconsejeros de Presidencia, Gaspar Zarrías, y Mar Moreno (diputados en el Congreso o senadores); mientras el TSJA se haría cargo de los aforados del Parlamento andaluz: los también exconsejeros Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Manuel Recio. La jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso ERE desde hace casi tres años, no tenía competencias para investigar a aforados y elevó la causa al Supremo hace unos meses. Pero antes señaló sus nombres en calidad de «preimputados», una figura que no existe en Derecho, y que Alaya usó para señalar una responsabilidad política en el fraude de fondos de los ERE.
