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Corrupción urbanística. Los expulsados y las mangas verdes de Estepona

No es garantista, pero es contundente: la política de tolerancia cero respecto a la corrupción ha llevado al PSOE a la "expulsión inmediata, sin dilación" de Antonio Barrientos como alcalde de Estepona.

el 15 sep 2009 / 06:43 h.

No es garantista, pero es contundente: la política de tolerancia cero respecto a la corrupción ha llevado al PSOE a la "expulsión inmediata, sin dilación" de Antonio Barrientos como alcalde de Estepona. Muchos ciudadanos hubiéramos preferido que, en vez de a buenas horas mangas verdes, la propia maquinaria interna del partido pusiese previamente contra las cuerdas a ese presunto nido de víboras.

Aviso para navegantes: Antonio Barrientos llegó a la alcaldía al sustituir en dicho cargo y en 2001 al abogado Antonio Caba. Este abandonó la alcaldía cuando fue acusado formalmente por la Fiscalía Antidroga de blanquear dinero de un empresario turco, cargo del que tardíamente fue absuelto el año pasado por el Tribunal Supremo. Es cierto que, tal y como ha confirmado la Fiscalía, la Junta hizo todo lo que estuvo en su mano para controlar los desaguisados urbanísticos de Barrientos, reelegido mayoritariamente para el cargo en 2007.

Esto es, el gobierno autonómico había planteado tres contenciosos urbanísticos contra el Ayuntamiento, entre 2003 y 2004, al tiempo que desde 2003 el ejecutivo que preside Manuel Chaves, a través de sus delegaciones en Málaga, ha tramitado 86 denuncias en ámbitos de su competencia. Ahora, lo que se persiguen son supuestos actos delictivos relacionados con cargos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales, sobre los que la Casa Rosa carece de competencias. Claro que, parafraseando a Joaquín Sabina, el PSOE tendría que plantearse "de dónde sale todo ese parné".

Es difícil saber donde comienzan y terminan las labores del partido o de las instituciones, cuando la cúpula de uno y de otras las ostentan legítimamente las mismas personas. Así que cuando en 2005, el propio Chaves, secretario general del PSOE de Andalucía y presidente del Gobierno autonómico, forzó a Barrientos a dar marcha atrás a la recalificación de 600.000 metros cuadrados de un parque, el partido tendría que haber parafraseado a Shakespeare y admitir que algo olía a podrido en Dinamarca. No menos de 13 convenios urbanísticos por valor de 24 millones de euros tuvo que suspender el controvertido alcalde por mandato de instancias superiores socialistas.

¿Fue eso suficiente? ¿O el PSOE tendría que haber mirado con lupa las actuaciones de este munícipe, máxime cuando dos miembros de la agrupación socialista aportaron a escala interna datos probatorios de sus trapicheos? No vale vender la honra por un puñado de votos. Eso tendrían que asumirlo todos los partidos, incluyendo al PP, que llega a presentar como perseguidos políticos a algunos de sus alcaldes menos presentables.

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