La Junta zanja su crisis con la promesa de acabar con las VPO vacías en un año

PSOE e IU pasan página al enfrentamiento por la Corrala Utopía, que estuvo a punto de romper el pacto y adelantar las elecciones, y se centra en exigir al Ayuntamiento de Sevilla soluciones.

el 29 abr 2014 / 20:00 h.

La consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, comparece en el Parlamento este martes. / EFE La consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, comparece en el Parlamento este martes. / EFE La crisis abierta por en el Gobierno andaluz por el realojo de las familias que habían ocupado desde hace dos años un edificio en Sevilla propiedad de Ibercaja, la Corrala Utopía, trató de quedar zanjada ayer con una promesa de la consejera de Fomento, Elena Cortés (IU), que garantizó que en el plazo de un año no habrá viviendas protegidas vacías en la comunidad. Los socios pasaron de puntillas sobre los graves roces y el pulso público vivido hace solo tres semanas y que, según ella mismo admitió, llevó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a plantearse la convocatoria de unas elecciones anticipadas. Cerraron filas y dirigieron su artillería contra el Partido Popular. A pesar de que fueron los socialistas y personalmente la presidenta quien ordenó parar los realojos por considerar que se saltaban la ley y revocó competencias de vivienda a Fomento, este martes en el hemiciclo solo los populares se acordaron de la gravedad de la crisis interna en el Ejecutivo. El portavoz del PSOE, Enrique Benítez, se alineó con IU y tapó los roces internos. Los socios garantizaron que la estabilidad está garantizada. La consejera de Fomento, que vivió este conflicto a kilómetros por estar en viaje oficial en Colombia, se explayó en el Parlamento y reivindicó la actuación de su departamento, que fue puesto en duda desde la Presidencia por detectar supuestas irregularidades y falta de información sobre estas familias. Los datos fueron desde el principio muy confusos. Fue muy cuidadosa en no alimentar ningún rescoldo de aquel fuego político. Pese a las acusaciones de la oposición garantizó que en estos momentos la Junta no tiene viviendas desocupadas. Explicó que se detectaron 638 VPO sin habitar hace un año y se pasaron todas al alquiler con rentas asequibles y sin aval bancario. Se han alquilado, puntualizó, 520; en Sevilla, 71. Anunció que se va a poner en marcha una iniciativa «para acabar en un año con todo el stock de viviendas protegidas deshabitadas». Los cálculos de Fomento apuntan a 5.620 viviendas vacías en Andalucía de promotores públicos y privados. La consejera se dirigió ayer por carta a los alcaldes de las ciudades de más de 50.000 habitantes y a las diputaciones. Propuso una «gran alianza institucional». Cortés recordó que en Andalucía se producen 24 desahucios al día, con 9.000 lanzamientos ordenados y se acordó del freno del Gobierno del PP a la ley andaluza contra los desahucios. Repasó lo ocurrido en la Corrala Utopía, que se había convertido en símbolo de la ocupación y del movimiento antidesahucio, con un papel relevante de IU. La consejera aseguró que existía un mandato judicial que obligaba a dar una solución a estas 17 familias, 8 ya realojadas. Relató que Fomento había mantenido reuniones con el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, para ver cómo se cumplía con el auto judicial según los informes sociales que custodiaba el Defensor del Pueblo. Aseguró que no se podía poner a estas familias, que fueron desalojadas por la Policía, «en la calle sin alternativas, con niños a su cargo, después de casi dos años viviendo sin luz y sin agua». «No es que pudiéramos alojar a las familias, es que debíamos hacerlo por mandato judicial», insistió Cortés. «La adjudicación de una VPO no tiene nada que ver con un realojo provisional. No atenta contra los derechos de las demás familias demandantes», defendió en contra de lo que ha venido advirtiendo la presidenta de la Junta, que ha asegurado que quien hace más ruido o utiliza la violencia no podía adelantarse a las familias que esperaban pacientemente una vivienda. «Hay una lista de espera para operarse de rodilla pero si uno tiene un accidente y entra por la puerta del hospital con la rodilla rota lo operan. Esto no significa que se esté saltando la lista de espera», puso como ejemplo Cortés. «Si no se hubieran dado soluciones hubiésemos cometido un fraude procesal», alegó. Su mensaje se dirigió al alcalde de Sevilla a quien reclamó «agilidad» para que los servicios sociales del Ayuntamiento actualicen los informes de las 17 familias de la Corrala. La diputada de IU Inmaculada Nieto denunció en los medios de comunicación «un relato unánime de mentiras y una gran manipulación malintencionada» de la crisis de la Corrala. «El presidente del Constitucional puede ser del PP pero una chica de la Corrala no puede estar afiliada a IU», defendió, en alusión a una de las ocupas del edificio, que renunció al realojo tras trascender que era militante de IU y tenía un trabajo. El portavoz del PP-A, Carlos Rojas, anunció que pedirán una comisión de investigación y aseguró que debería ser la presidenta de la Junta la que se subiera a la tribuna y defendió que fue Zoido «el que desde el primer minuto veló por el cumplimiento de la legalidad y advirtió de que se iba a cometer una tropelía jurídica». «Usted debería de estar cesada desde el minuto uno por pisotear la legalidad», le dijo a Cortés.

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