Afectados por amenaza de desahucios portan pancartas contra bancos, jueces y políticos, en Granada. / EFE
La Consejería de Fomento y Vivienda comenzó ayer a remitir cartas a todas las entidades financieras que operan en Andalucía y a los juzgados que entienden de los 37 expedientes de expropiación no culminados tras el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central a la Ley andaluza de Función Social de la Vivienda, la llamada ley antidesahucios. Las cartas están firmadas, en el caso de entidades financieras, por la secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía, Amanda Meyer, mientras que el caso de las remitidas a los juzgados están firmadas por los delegados provinciales de la consejería.
Los 37 expedientes de expropiación no culminados son 14 en Málaga; seis, en Granada; cinco, en Córdoba; cinco, en Sevilla; tres, en Cádiz; tres, en Almería, y uno, en Huelva. Además hay dos expropiaciones culminadas, una en Torremolinos (Málaga) y otro en Huelva, informa Europa Press. En concreto, el departamento que dirige Elena Cortés pide mediante las misivas a las entidades financieras o sus filiales inmobiliarias que paralicen en Andalucía aquellos procedimientos de ejecución o apremio que afecten a la vivienda que constituya la residencia habitual y permanente de personas en especiales circunstancias de emergencia social, en tanto no exista un pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional. En el caso de los juzgados, la Junta solicita la paralización del procedimiento, en concreto que se siga en ese juzgado en tanto no exista un pronunciamiento definitivo del TC. El recurso del presidente del Gobierno, al invocar el artículo 161.2 de la Constitución, provocó la suspensión inmediata de los preceptos impugnados sin que el Tribunal Constitucional (TC) entre en el fondo del asunto. Con esta medida de justicia social contribuyen a paliar la situación en que se encuentran muchos ciudadanos de Andalucía que, como consecuencia de la actual crisis, se encuentran en una situación de auténtica emergencia habitacional, con dificultades para disfrutar de un derecho humano tan básico como una vivienda digna, base necesaria para el pleno desarrollo de los demás derechos constitucionales y estatutarios, dice Fomento.
