Local

Cospedal liquida hasta el Defensor del Pueblo para regcortar gastos

el 20 jun 2011 / 20:43 h.

TAGS:

De Cospedal, en su discurso de investidura.

La presidenta electa de Castilla-La Mancha , María Dolores de Cospedal, prometió el lunes que su gobierno reducirá las direcciones generales de 52 a 30, que dejará un delegado de la Junta por provincia (y pasará así de los 35 actuales a cinco) y que suprimirá el 50% de los puestos de libre designación, lo que supondrá -dato que no ha concretado en su intervención y del que ha informado el PP después- reducir el número de altos cargos del Ejecutivo autonómico en un 60%.

Dentro de su programa de Gobierno también suprimirá algunos organismos autónomos, como el Defensor del Pueblo autonómico, la Comisión Regional de la Competencia y el Consejo Económico y Social, tal y como anunció hace unos meses y ha reiterado en su intervención en la primera jornada del debate de investidura, que comenzó ayer en las Cortes autonómicas. En un discurso de una hora en el que desgranó las que serán las líneas esenciales de su gobierno, la presidenta electa ha reiterado su intención de privatizar Radio Televisión de Castilla-La Mancha.

Así, explicó que saneará las cuentas públicas a través de una "tajante" reducción del gasto corriente y de una "contundente racionalización" del sector público, y precisó que cuando habla en estos términos se refiere a una "auténtica reforma" del gasto y no a un "recorte cosmético".

Cospedal avanzó que su Ejecutivo operará bajo un techo de gasto y endeudamiento que fijarán anualmente las Cortes de Castilla-La Mancha, y que la gestión del presupuesto autonómico será fiscalizada por una oficina dependiente del Gobierno central. Cuando el PP acceda al gobierno de la Junta castellanomanchega verificará la situación de tesorería en el momento del cambio de presidente, comprobará la realidad de estimación de los ingresos del presupuesto, analizará el grado de cobertura de las obligaciones previstas en 2011 y realizará un mapa del entramado de organismos, empresas con participación pública, fundaciones, consorcios y otros.

En este escenario de recortes la presidenta electa anunció asimismo su intención de "contener inicialmente" el desarrollo de las infraestructuras de la región, que "comenzarán" una vez que se saneen la cuentas públicas. Además, proclamó, "Castilla-La Mancha necesita que España deje atrás el calvario al que está sometida por un Gobierno de la nación que no está a la altura de las circunstancias", por lo que solicita la celebración inmediata de la Conferencia de Presidentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que "se despejen las dudas" respecto al cumplimiento del modelo de financiación autonómica.

Esta reclamación se sale del ámbito estrictamente autonómico y supondría la primera escenificación de un Gobierno central socialista acorralado por casi todas las autonomías, ya que el PSOE sólo conserva Andalucía y Euskadi.

Cospedal también recordó su compromiso de reformar el marco normativo para garantizar la independencia de las entidades financieras de Castilla-La Mancha -no ha habido alusión en este punto a la desaparecida Caja Castilla La Mancha, CCM- y para favorecer más implicación de los bancos y cajas en el desarrollo.

La primera decisión que adoptará como presidenta será la de "librar una lucha sin cuartel contra el paro masivo y la rampante precariedad laboral", y tendrá en cuenta que en Castilla-La Mancha hay "cientos de miles de ciudadanos golpeados por la crisis". Por ello se comprometió a aprobar en el primer periodo de sesiones una ley para el fomento y consolidación del trabajo autónomo y de las pequeñas y medianas empresas (pymes), basada en la eliminación de trabas burocráticas y la aplicación de incentivos fiscales y sociales para el fomento del autoempleo y la creación de puestos de trabajo.

La presidenta electa también se comprometió a que los ciudadanos "elijan libremente médico y hospital", y dijo que "analizará" el estado de ejecución de los hospitales de Cuenca y Toledo.

En materia educativa prometió el reconocimiento del profesor como autoridad pública en las aulas. La ley que lo avale llegará "mediante un proceso de diálogo" con la comunidad educativa.

La intervención de la presidenta ha sido ya contestada por la oposición. El portavoz del grupo socialista en Castilla-La Mancha, José Luis Guijarro, se mostró "bastante decepcionado" con De Cospedal, quien no mencionó ni la oferta para albergar un cementerio nuclear de baja intensidad ni la política de gestión de agua que enfrenta a esta comunidad con las levantinas. Por otro lado, señaló que la presidenta electa tendrá que aclarar qué obras paralizará.

Guijarro aseguró que lo anunciado por De Cospedal evidencia "que con la excusa de la crisis tomará decisiones sobre contención de gasto [que afectarán a la] prestación de servicios públicos".

  • 1