Crean un código para certificar como prueba judicial los correos electrónicos

La empresa sevilla DConfianza convierte los emails en burofax para poder acreditarlos en los tribunales en conflictos de derechos de autor, custodia compartida y pugnas empresariales

el 27 may 2014 / 23:02 h.

María Ángeles Ojeda junto a su madre, Mari Carmen Rojas, tras recibir el premio Arco Iris. Foto: El Correo María Ángeles Ojeda junto a su madre, Mari Carmen Rojas, tras recibir el premio Arco Iris. Foto: El Correo Mientras María Ángeles Ojeda leía un documento de la legislación sobre comercio electrónico para preparar su tesis doctoral, cayó en que había un nicho de mercado por explotar: la certificación de los correos electrónicos como prueba judicial. A través de un código numérico, que se adjunta en el asunto del email, se genera un informe de certificación que permite, además de su registro y validación notarial, su custodia digital por un periodo de hasta cinco años. Es decir, «convierte un correo en uno de los antiguos burofax», indica la joven. De esta forma, Ojeda explica que ante un problema judicial el certificado emitido permitiría presentar el citado email «como prueba ante los tribunales». Como en todo sector, DConfianza ha tenido que especializarse en un nicho concreto para que la actividad le sea rentable. Después de descubrir que muchos autores o músicos, entre todos aquellos que generan actividad con derechos de autor, no tenían ninguna cobertura legal, Ojeda decidió especializarse en este ámbito. Además, también certifica a través de su «código transparente» los correos entre dos personas con conflictos de custodia compartida, así como en pugnas entre socios de empresas. DConfianza lo que hace es garantizar, a través del informe que se genera con su código, el cumplimiento de los acuerdos adquiridos a través de internet, con tal de darles valor contractual. Por 4,5 euros una persona puede certificar uno de sus correos. Este formato no sólo genera el informe, sino que además incluye dos correos –el del emisor y el del receptor–, el envío al «tercero de confianza» –figura jurídica que intermedia y valida dicho documento–, así como la custodia digital durante cinco años, explica Ojeda. Esta emprendedora que ahora desarrolla su negocio en el programa Impulsotec –que impulsa el Ayuntamiento de Tomares y la Escuela de Organización Industrial, financiado con Fondos Feder– se ha aliado con otra de las empresas, Opileak, para ir más allá: certificar los delitos por calumnias e injurias que se puedan cometer por las redes sociales o cualquier soporte que ponga a disposición la red. Un proyecto que aunque todavía no está bautizado ya funciona. De hecho sus primeros pasos los dio cuando la comunidad judía denunció con capturas de pantalla las amenazas y faltas al honor que recibía ante el partido de baloncesto que se disputó entre el Real Madrid y el Maccabi. «Ante la labor de recopilar los pantallazos, con el monitoreo de la actividad de Opileak certificamos toda la actividad o mensajes delictivos», explica Ojeda. Pero esta joven treinteañera no está sola en su camino, le acompaña su madre, Mari Carmen Rojas. Según Ojeda, sin ella hubiese sido imposible avanzar a nivel comercial. «Aunque no estaba puesta en material legal ni digital, tenía experiencia en vender», comenta. Y añade: «De hecho, gran parte de nuestra clientela es gracias a la simplicidad con la que explica el producto, yo soy más técnica».

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