Economía

Crece el ‘movimiento’ para que entregar el piso salde la hipoteca

El presidente de la FEMP se suma a los jueces para el cambio legislativo

el 05 feb 2011 / 19:19 h.

La Federación Española de Municipios y Provincias va a estudiar la posibilidad de proponer al Gobierno central cambios legislativos que permitan a las familias con dificultades económicas cancelar sus hipotecas entregando los pisos al banco, según adelantó ayer la Cadena SER. Y es que cada vez son más los ayuntamientos que promueven mociones para evitar los desahucios.

Así, el presidente de la FEMP, Pedro Castro, quiere consensuar una postura común en la Federación de Municipios que proteja a los ciudadanos y evite que sean expulsados de sus casas cuando no pueden pagar el crédito, según comentó a esa emisora de radio.

La iniciativa partió de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con la presentación de mociones secundadas ya por varias corporaciones y que están estudiando otros muchos.

En ellas se pide al Gobierno que modifique la ley para permitir que la deuda hipotecaria quede liquidada con la entrega de la vivienda. También se insta a los propios consistorios a mediar para evitar el desalojo de las familias y se les permita continuar en los pisos, por ejemplo, en régimen de alquiler.

Castro pretende hablar con todos los partidos políticos presentes en la institución que preside para forjar una postura conjunta en ese sentido.

La Asociación Jueces para la Democracia también va a exigir al Gobierno estos cambios en la legislación, tras la sentencia de la Audiencia de Navarra que, la semana pasada, consideró liquidada la deuda de una hipoteca con la entrega de las llaves al banco.

La sentencia. En concreto, el auto judicial estima que el banco "no habría concedido el préstamo si la finca no hubiera tenido un valor suficiente para garantizarlo, que fue fijado por la entidad ahora ejecutante". Además, destaca que en el contrato se reconoce que el inmueble tenía un valor "superior al principal del préstamo".

Además, el tribunal señala que la actuación del banco "no constituye un abuso de derecho", pero sí que es "moralmente rechazable" que la entidad alegue la disminución de valor de la finca que servía como garantía "para intentar continuar la ejecución".

El comprador, además de perder la vivienda, debía pagar 30.000 euros más, de los que 8.000 correspondían a intereses y gastos, para saldar la deuda, de más de 70.000 euros. La Justicia, ha dado la razón al consumidor, entendiendo que la casa cubre el capital prestado, lo que jurídicamente se conoce como "dación en pago". La entidad se tuvo que quedar con el inmueble tras celebrar una subasta que quedó desierta y continuó exigiendo los pagos mensuales al propietario deudor.

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