Ante la crisis, se ha apelado a la responsabilidad, sobre todo, de empresarios, sindicatos, entidades financieras y, por supuesto, de las distintas administraciones públicas. Pero puestos a pedir, habría que incluir, también en este listado, a nuestros funcionarios y demás empleados públicos.
Uno de los retos más importantes que tienen ante sí, por ejemplo, los ayuntamientos, es el de ser capaces de presentar los proyectos correspondientes para poder acogerse al fondo de inversión local con el que reactivar así el empleo. Según datos facilitados por el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, esta semana sólo 57 ayuntamientos habían presentado iniciativas, lo que supone un escueto 7% del total de los municipios andaluces.
El asunto es realmente serio. Se corre el riesgo de que dichos recursos se desaprovechen, ya que el plazo concluye el próximo 24 de este mes. Si bien los medios técnicos y humanos son siempre limitados, teniéndose en cuenta la seriedad del problema que se afronta, que no haya a estas alturas un mayor número de ayuntamientos con sus planes ya presentados es para alarmarse.
A prueba la maquinaria burocrática. Sería todo un escándalo que quedara parte de ese fondo sin poder utilizarse por la falta de proyectos. Ni un ayuntamiento debe quedarse atrás. Se han de adoptar las medidas necesarias para que eso no ocurra. Es ahora cuando la maquinaria burocrática de nuestras instituciones debe funcionar con la mayor diligencia posible, sin retraso alguno, máxime si se tiene en cuenta la inusitada velocidad con la que crece el paro.
Efectivamente, estamos ante todo un desafío pero algunos tienen más responsabilidad que otros. Empezando por nuestros mandatarios y dirigentes, pero sin descartar, tampoco, a esa masa ingente de funcionarios, asesores, técnicos y demás personal, generalmente bien remunerado, que encontramos en nuestros ayuntamientos. Sí, también a ellos les toca poner de su parte para que no se pierda ni un sólo euro.
El presidente de la FAMP y alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano se muestra convencido de que, al final, no habrá problemas. Pero los plazos son bien cortos. Hay que recordar que una vez que los proyectos obtengan el visto bueno del Gobierno central, habrá sólo un mes para sacar a licitación las correspondientes obras. Son períodos muy ajustados y cualquier fallo se pagará caro.
No se fían. El asunto es de tal importancia que los responsables de UGT y CCOO ya han dado un toque de atención a las administraciones locales para que actúen con rapidez acelerando las gestiones necesarias, teniendo listos sus respectivos proyectos destinados a generar empleo y riqueza. Hacen bien los sindicatos en no fiarse del todo, aunque miren por dónde, la experiencia del PER puede servir de referencia.
Los ayuntamientos, sus gobernantes, funcionarios y técnicos ya saben cómo gestionar recursos extras para acometer distintas obras con carácter extraordinario. En todo caso, dada la gravedad de la situación en la que nos encontramos, esta vez, no nos deben fallar. Es más, ni siquiera han inquietarnos ante la posibilidad de que no tengan a tiempo sus propuestas.
