Desde hace un tiempo, cada vez es más habitual que en los procedimientos de los que conocemos los Juzgados de Familia se haga más patente los efectos de la crisis económica generalizada que padece nuestra sociedad. Por un lado, sólo se ha dado a conocer que ello ha motivado una reducción de los divorcios pues es cierto que quienes no pueden llegar a fin de mes, se replanteen muy seriamente dar un paso que les conduce a la ruina y miseria, al afrontar los costes del proceso y de la consiguiente división de la unidad familiar.
Mas esa consecuencia, que ya he tenido ocasión de reconocer, no es la única observada, pues la verdad es que se han multiplicado las ejecuciones patrimoniales, pues ahora se hace imposible pagar las pensiones cuando quien debiera pagarlas puntualmente se ha quedado en paro o ha visto reducidos sustancialmente los ingresos, muchos abogados y procuradores se ven obligados a reclamar judicialmente sus honorarios que no se les abonan, se han incrementado las modificaciones de medidas para solicitar supresión o reducción de pensiones alimenticias o compensatoria.
Muchas veces el panorama tras una mañana de juicios es desolador, pues quien sí se atreve a enfrentarse a una ruptura en esas condiciones de economía de mera supervivencia, efectivamente termina abocado a una catástrofe humana que no puede remediar un proceso de mediación o un pronunciamiento judicial por imaginativo que sea. Ni tutela judicial efectiva o afectiva se puede brindar cuando no hay nada que repartir. Cuotas de 100 o 150 euros mensuales de pensión alimenticia, tras discusión vital sobre su importe, suelen ser habituales, y ello sin contar que quien ha de pagarlas muchas veces no dispone de más recursos para poder atender sus propias necesidades. Triste solución que no satisface a nadie, y menos a quien ha de imponerla.
