Los ERE de la polémica, según la información publicada ayer, los gestionó Ruiz cuando era gerente de la Fundación para la Promoción del Minusválido (Promi) de Córdoba y se verificaron durante el 2006, un proceso que trató directamente con el por entonces director general de Trabajo, Javier Guerrero, uno de los principales imputados en la trama de las prejubilaciones falsas. Los casos detectados están asociados a dos empresas que en su momento pertenecieron a esta asociación, Promi Forja y Muebles Promi de Madera. Ruiz explicó ayer en un comunicado [ver texto anexo] que en aquellos años los centros especiales de empleo dependientes de Promi "atravesaban por una grave crisis económica" por lo que, "tras múltiples intentos de resolver la situación" de dichas empresas "y con el apoyo incondicional de la Delegación de Empleo de Córdoba y de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social", el patronato de la Fundación Promi tomó la decisión de extinguir definitivamente la actividad de los centros.
Así, tras una reunión celebrada en noviembre del 2005, en la que, según Ruiz, participaron, entre otros, Javier Guerrero y el delegado de Empleo de Córdoba, Antonio Fernández, y otros encuentros mantenidos posteriormente "con la intención de buscar la mejor alternativa", "todo acabó" en la presentación de dos ERE en Promi Forja y Muebles de Madera Promi.
Eso sí, resalta Ruiz, los ERE "se tramitaron desde la legalidad absoluta" y los trabajadores que no pudieron ser prejubilados se acogieron al Fondo de Garantía Salarial. Así, afirma, "las irregularidades o la manipulación que más tarde pudiera haber con ese listado de personas no es responsabilidad mía ni de nadie de la Fundación Promi". "Luché por defender los derechos de muchas personas que lo estaban pasando muy mal", pero "jamás me haré responsable del trabajo que se realizara desde la Junta", insistió.
Nieto declaró ayer a los periodistas que Ruiz ha hecho una gestión "intachable y honesta" como gerente de la Fundación Promi y que "nos parece que hay personas que tienen la intención de utilizar esta información de forma interesada". Según explicó Nieto, lo que hizo la hasta ayer candidata del PP fue "defender una situación muy crítica de Promi y de los trabajadores", la mayoría disminuidos psíquicos. "La parte empresarial solicita una ayuda y a la Junta de Andalucía es a la que le corresponde asumir esa responsabilidad y, si encaja o no dentro de la ley, la decisión de hacer caso a las peticiones que se formulan", explicó Nieto, quien se mostró seguro de que este asunto no tendrá trascendencia judicial para Ruiz.
El candidato a la Alcaldía señaló que Ruiz está "absolutamente tranquila" y apuntó que, en cualquier caso, lo más procedente era aceptar su renuncia "ante la actitud que tienen algunos y los intereses bastardos que suelen ocultarse detrás de algunas informaciones y algunas filtraciones". "No todos somos iguales", dijo Nieto, quien añadió que espera "que todo el mundo haga igual y ante el más mínimo comentario, acusación o referencia sobre cualquier miembro de cualquier candidatura presente la renuncia".
El secretario general del PSOE en Córdoba y candidato a la Alcaldía, Juan Pablo Durán, dijo ayer que "los chorizos y las chorizas" deben ir "a la cárcel cuanto antes". El alcalde y candidato a la reelección por IU, Andrés Ocaña pidió a los electores que tuvieran en cuenta las implicaciones del PP en el caso de los ERE al ir a votar.
"La manipulación que más tarde pudo hacerse en la lista de trabajadores no es responsabilidad mía"
En una carta dirigida a los medios, Cristina Ruiz defendió ayer que los ERE que de Promi Forja y Muebles de Madera Promi "se tramitaron desde la legalidad absoluta". En la misiva, relata que "tras múltiples intentos de resolver la situación de dichas empresa y con el apoyo incondicional de las Delegación de Empleo en Córdoba y de la Dirección General de Trabajo", el Patronato de la Fundación Promi, de la que ella era gerente, decidió extinguir la actividad de ambas empresas y alude a "muchas reuniones" y específicamente a una del 28 de noviembre de 2005 en la que estuvieron presentes el delegado de Empleo en Córdoba, Antonio Fernández; el exdirector de Trabajo, Javier Guerrero; su asesor Ramón Díaz; y los responsables de UGT Córdoba Sebastián Sánchez y Juan Pérez. Explica que cada trabajador "firmó su póliza" y que "jamás en las mesas en los que los trabajadores firmaban sus pólizas se sentó ninguna persona ajena a las empresas". "Las irregularidades o la manipulación que más tarde pudiera haber con ese listado de personas no es responsabilidad mía, ni de nadie de la Fundación Promi. Los trámites que se siguieron a posteriori entre la Junta de Andalucía y la aseguradora los desconozco". Admite que "es cierto que escribía faxes, cartas" y acudía a Empleo para "intentar acelerar" el proceso pero subraya que "jamás" se hará "responsable del trabajo que se realizara desde la Junta". Cree "de lo más mezquino, ruin y deleznable" las acusaciones contra ella y anuncia una querella contra el secretario general del PSOE de Córdoba.
