La Ley de Memoria Histórica y el levantamiento de fosas vive una nueva polémica en Almería. La nieta de Martín Márquez, el último alcalde republicano de Cuevas del Almanzora (Almería) que fue fusilado tras la Guerra Civil y enterrado en una fosa común localizada en el cementerio de San José en la capital almeriense, reprochó ayer al Ayuntamiento de Almería (PP-GIAL) su falta de compromiso con su causa después de que hace más de un año el alcalde capitalino, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), trasladara personalmente a los familiares su consentimiento para llevar a cabo las obras pertinentes a la exhumación de los restos.
En una carta remitida a Europa Press, Manuela Márquez recordó que el 9 de abril de 2010 en un viaje realizado expresamente desde Barcelona, su lugar de residencia, hasta Almería, el regidor mostró su compromiso para permitir las labores. "Nos dio su palabra para facilitar la exhumación de nuestro abuelo y la alegría que sentimos fue inmensa", narra la nieta del represaliado.
Por su parte, el Ayuntamiento de Almería aseguró que ha solicitado a través de su edil de Salud y Consumo, Rafaela Abad (PP), que se ubique el "lugar exacto" en el cementerio de San José de la capital antes de iniciar los trámites para exhumar los restos de Martín Márquez.
Así, Abad exigió a la Junta, a través del Comisario de la Recuperación de la Memoria Histórica, que "delimite la ubicación en una zona" si quiere llevar a cabo la excavación para evitar que se produzca hechos como los que acontecieron en las excavaciones de Alfacar (Granada). "No quiero que pase como con los restos de Lorca -en referencia a Federico García Lorca-, donde se estuvo dos meses excavando y no se encontró nada", remarcó la edil.
Rechazo a la ley de IU. Por otro lado, el Parlamento rechazó ayer, con los votos en contra del PSOE-A y del PP-A, una proposición de Ley presentada por IU para la recuperación de la memoria democrática que perseguía que la Junta se implicara más en el impulso de las tareas de reconocimiento a las víctimas de la represión franquista y en la localización de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura. Al pleno asistieron asociaciones de memoria histórica que salieron decepcionadas.
