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Crónica de un derribo anunciado

"Van a tirar los sueños y sacrificios de una familia humilde". José María Martín, vecino de Dos Hermanas que acude cada fin de semana a su segunda casa en Vejer (Cádiz), sabe que ha comenzado la cuenta atrás: queda un mes para que su vivienda en la costa de El Palmar sea derribada. (Foto: J. Zapata).

el 15 sep 2009 / 00:37 h.

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"Van a tirar los sueños y sacrificios de una familia humilde". José María Martín, vecino de Dos Hermanas que acude cada fin de semana a su segunda casa en Vejer (Cádiz), sabe que ha comenzado la cuenta atrás: queda un mes para que su vivienda en la costa de El Palmar sea derribada.

Es la situación a la que temen enfrentarse miles de personas en la provincia de Cádiz que tienen casas irregulares. Su esperanza siempre ha sido beneficiarse de procesos de regularización como el que se ha iniciado esta semana en Chiclana.

Sin embargo, para muchos es tarde. Cuando la orden de derribo viene dada de la mano de una sentencia definitiva ya no hay vuelta atrás y sus esperanzas se ven reducidas a simples escombros. El siguiente en la lista es Manuel Altamirano, que, junto a su mujer, Beatriz, invirtió hace ya ocho años sus ahorros en construir una residencia donde poder descansar los fines de semana. Como tantos otros vecinos, lo hicieron sin licencia. "Cuando te das cuenta todo el mundo está edificando. Llegan los sevillanos o los de Madrid, levantan la casa y uno que es de Vejer se ve cortado porque no puede hacerla. Pues al final la hago igual que los demás", señaló Manuel.

Manuel y José María tendrán que soportar ahora el peso de la ley. Pero no es lo único que tienen en común. Los dos construyeron a sabiendas de que lo que hacían era ilegal porque creían que en un futuro podrían acogerse al plan de reordenación anunciado por el Ayuntamiento de Vejer. Y es que el proyecto que acaba de dar los primeros pasos en Chiclana servirá de modelo a otros municipios.

La fórmula aplicada es muy sencilla. Primero se urbaniza la zona dotándola de todos los servicios y, posteriormente, se procede a la legalización de las viviendas. Se ha convertido en los últimos años en la alternativa preferida por los alcaldes para hacer frente al problema de la proliferación de viviendas irregulares. Sin embargo, es una actuación polémica que no es compartida por el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, quien advierte del "efecto llamada" que puede suponer para otros ciudadanos. Mientras los vecinos de El Palmar han creado una plataforma contra las demoliciones, administraciones y órganos judiciales son conscientes de la necesidad de dar un giro en su forma de dar una solución a este desorden urbanístico.

La Audiencia Provincial ha dado un paso hacia delante y en el último año ha asumido la competencia de ordenar los derribos. De hecho, en la provincia gaditana se dictaminaron el pasado año una veintena de sentencias condenatorias con esta exigencia. El fiscal no considera lógico que la potestad de tomar esta decisión esté en manos de los ayuntamientos cuando "precisamente fue su falta de eficacia la que motivó que fueran los tribunales los que tuvieran que conocer este asunto", criticó.

De la misma forma, la Demarcación de Costas ha dado un giro en su manera de plantar cara a este caos urbanístico. El órgano ha iniciado mediante el contacto con los alcaldes una política de incentivos que consiste en premiarlos con actuaciones pidiendo a cambio un compromiso del municipio de ordenar la zona con planes parciales. "Las demoliciones son necesarias pero no suficientes", señaló el jefe de la Demarcación de Costas, Federico Fernández, quien se compromete a crear senderos costeros, a la recuperación de dunas o a facilitar los diferentes accesos a las playas.

El imperio del ladrillo se ve, por tanto, amenazado por la contundencia de las administraciones que quieren recuperar el paisaje original al que hace años el cemento le ganó la batalla. "Los ayuntamientos que miren para otro lado -sentenció Fernández- no recibirán ni un solo euro".

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