De un lado, UGT y CCOO, que ya pactaron con la Junta una modificación que dio lugar al segundo decreto, reclamaron que se incluya en la futura ley acuerdos alcanzados que no se reflejaron en ese texto. De otro, los sindicatos de funcionarios CSIF, Safja y Ustea insistieron en la derogación del decreto en vigor y eludieron hacer propuestas concretas sobre su base, pese a lo cual todos los grupos dijeron mantener la puerta abierta a reunirse y recibir propuestas para incluirlas en enmiendas a la ley.
Sólo hubo dos puntos de coincidencia entre todos: que la reforma es necesaria ante la proliferación de una "administración paralela" engordada durante 30 años a base de empresas públicas y que la Junta erró al "imponerla" por decreto sin negociar.
Dionisio Valverde (UGT) y Rafael Aljama (CCOO) reivindicaron que fueron los primeros en movilizarse contra el decreto inicial y que hicieron rectificar a la Junta gracias a un acuerdo que dio lugar al segundo decreto de noviembre donde, no obstante, no ven reflejado todo lo pactado. Por ello, presentaron un documento conjunto con propuestas concretas de cambios al texto.
Los sindicatos de clase también reclamaron que los Estatutos y planes de integración del personal de las nuevas agencias se negocien con ellos aunque luego se lleven a la mesa sectorial, donde están representados el resto de sindicatos. Pero es precisamente este papel de negociadores privilegiados, por su condición de sindicatos mayoritarios y agentes de la Concertación, lo que más ha molestado a CSIF, Safja y Ustea, que se sienten ninguneados pese a su "legitimidad" como representantes de los funcionarios.
Todos insistieron en la derogación para partir de cero y no sobre un texto "viciado" pero Ustea planteó como segunda vía eliminar del mismo todas las referencias a la política de personal y Safja que los nuevos entes sean agencias administrativas (el texto actual prevé agencias públicas empresariales y de régimen especial) para garantizar así que todo su personal tenga que ser funcionario -fuera de sala el PP habló con CSIF la posibilidad de plantear una enmienda en este sentido-.
La principal crítica de estos sindicatos es que se abre la puerta a la administración a los trabajadores de las empresas públicas sin opositar.
CSIF, mayoritario entre los funcionarios, fue el más beligerante y mantuvo un tenso diálogo con el PSOE. Uno y otro, al igual que PP e IU, llamaron a reducir la crispación. La víspera, sindicatos y plataformas de funcionarios convocaron una manifestación el día 22 y vaticinaron boicots a los actos socialistas de precampaña para las municipales. Ayer la Junta lamentó esta "radicalidad" en el inicio de la negociación y el portavoz socialista Mario Jiménez dijo ver "elementos fascistas" en el aviso sindical de una campaña "caliente".
La responsable de CSIF, Alicia Martos, rehusó decir "qué se debe hacer" sino "qué no se puede hacer" según la Constitución y las leyes, empezando por considerar empleado público a quien no ha pasado examen alguno y dar a las agencias funciones que sólo pueden ejercer los funcionarios. Desde el PSOE, José Caballos le reprochó que "es discutible" qué se entiende por empleado público o que se considera constitucional y legal. "Nosotros no somos el Tribunal Constitucional y ustedes tampoco. No vamos a dar lecciones ni queremos que nos las den", respondió, y afeó a CSIF que "desperdicie la oportunidad" de hacer propuestas.
No fue el único momento tenso. Tanto CSIF como Safja defendieron su "independencia" frente a las acusaciones socialistas de estar "manipulados" por el PP o seguir una estrategia con vistas a las elecciones sindicales. "Los funcionarios se han enterado perfectamente del decreto", alegó Martos, quien anunció que si sale sin apenas cambios de la Cámara seguirá la lucha.
