Viajan a España supuestamente para trabajar pero al llegar pasan a estar bajo el férreo control de organizaciones criminales que las obligan a ejercer la prostitución en clubes o pisos donde viven en lo que la Policía y los agentes judiciales llaman «régimen de acuartelamiento», sin libertad de movimientos, bajo el mismo techo incluso que sus proxenetas y generalmente siendo cambiadas continuamente de vivienda, local e incluso de ciudad. Pero en el origen de todo no siempre están sus propias ansias de llevar una vida mejor que las hace ser captadas por redes organizadas con las que contraen abultadas deudas ante falsas problemas de trabajo sino sus propias familias o parejas que las venden a estas redes sabiendo su destino real pero a cambio de algo de dinero para paliar su penuria situación. El fenómeno afecta especialmente a mujeres procedentes de Europa del Este, sobre todo de Rumanía, cuyo traslado por carretera resulta fácil ante su condición de ciudadanas comunitarias. De hecho, más de un tercio de las víctimas de explotación sexual identificadas en 2013 eran rumanas, según la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, y la propia Fiscalía de Sevilla alude a que el perfil de las bandas dedicadas a este delito lo forman «redes de inmigración clandestina subsaharianas [en este caso la mayoría de las víctimas son nigerianas] y clanes rumanos mafiosos de base familiar». En la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la Policía tiene un gran hándicap: el miedo de las víctimas del delito a denunciar. Un testimonio que suele ser clave por cuanto resulta complejo marcar las líneas entre el llamado «proxenetismo consentido» en el que se ejerce la prostitución «según las reglas o directrices impuestas por un empresario del sexo que han sido aceptadas (con todos los matices de esta palabra) por la víctima» y el tráfico de seres humanos como tal, cuando concurren uno o varios indicios y signos definidos por Naciones Unidas y recogidos en las directrices de detección de la UE y el protocolo español de protección de las víctimas, tales como que éstas sean inmigrantes en situación irregular, que vivan en el mismo lugar donde ejercen su actividad (prostitución acuartelada) o que sean menores de 21 años que, aunque jurídicamente no tienen tratamiento de menores de edad, la propia UE instó a penalizar la compra de servicios sexuales ofrecidos por éstas (en Sevilla, la ordenanza municipal penaliza ya con multas a todos los clientes de la prostitución callejera). Las mujeres que ejercen la prostitución no son detenidas por ello ya que se trata de una actividad alegal. La mayoría son identificadas por su carácter de inmigrantes irregulares y cuando la Policía sigue la pista a una red organizada y sospecha que una de ellas es víctima de ésta, trata de obtener su colaboración, sobre todo desde que la reforma de la Ley de Extranjería les facilita la posibilidad de regularizar su situación si denuncian. Pero cuando se acercan a ellas y las llevan a dependencias policiales para hablar, se encuentra con un problema y es que muchas proceden de países donde la corrupción policial está a la orden del día. Al ver a un agente, además de miedo, tienen dudas sobre de qué lado pueden estar. Por eso, desde el año pasado, en Sevilla, tres organizaciones que tradicionalmente trabajan ayudando a mujeres que ejercen la prostitución y víctimas de explotación sexual (Amiga, Villa Teresita y Al Alba de las Hermanas Oblatas) constituyeron el «turno de trata» en el cual se turnan para estar de guardia (cada mes se encarga una asociación) por si la Policía requiere su presencia en comisaría. Cuando es así, una trabajadora social o psicóloga de la asociación correspondiente acude. «Tenemos una entrevista con ellas a solas para tranquilizarlas y tratar de detectar si es víctima de trata o no. Cuando la Policía las lleva a comisaría casi siempre es porque están bastante seguros de que es así, tienen indicios y han estado siguiendo la pista a las organizaciones, aunque ellas al principio te dicen que todo lo hacen voluntariamente», explica la presidenta de la Asociación Amiga, Lorena Carrera. En esta conversación instan a las mujeres a relatar su historia desde que salió de su país. «Les preguntamos si pagó, si tiene que devolver el dinero, cómo lo devuelve, cómo llegó a Sevilla, donde está viviendo, si alguien la controla, si le pide dinero...», señala Carrera. Además de tratar de sacar información, en el caso de las extranjeras no comunitarias les explican que si colaboran con la Policía pueden acogerse al artículo 59 bis de la Ley de Extranjería por el cual tienen un mes de plazo para pensarse si quieren cooperar con las autoridades y denunciar a la red que las explota. Durante ese plazo, si se encuentran en situación irregular, no se iniciará ningún trámite de expulsión y en caso de tener iniciado algún expediente se paraliza. «De hecho, se les da un papel y si la Policía las ve en la calle ejerciendo y les pide la identificación, lo enseñan y no tienen problemas». Carrera reconoce que el miedo hace que les resulte complicado dar el paso pero la perspectiva de lograr permiso de residencia en España motiva a muchas, sobre todo a aquellas que tienen hijos. En caso de colaborar, reciben el tratamiento de testigos protegidos y se les busca un alojamiento incluso en otra ciudad. En el último mes de turno, la presidenta de la asociación Amiga ha acudido tres veces a la llamada de la Policía para atender a seis chicas. «Les damos nuestro teléfono y cogemos el suyo. Si ellas no nos llaman lo hacemos nosotros, tratamos de seguirles la pista y ayudarlas», relata. Carrera asegura que en cuanto al perfil de mujeres que se encuentran «va por oleadas, ahora por ejemplo hay muchas nigerianas». En cuanto al mapa de la prostitución, en el caso de las víctimas de estas redes «hay meses que están en las calles, principlamente en Piel de Toro, Su Eminencia y la carretera a Los Palacios pero hay otros meses que las quitan de la calle y las tienen en clubes, cambiándolas constantemente, y últimamente están apareciendo muchos pisos nuevos». En la Alameda, «ya no tanto, solo algunas mujeres mayores» a las que prestan asistencia las hermanas Obletas, que tiene su centro Al Alba en este barrio y realizan semanalmente rondas nocturnas para informarlas y darles asistencia sociosanitaria, según su presidenta, Marisa Cotolí. Ambas organizaciones confirman que el fenómeno de las mujeres que son vendidas por sus propias familias es especialmente común en países del Este mientras en Nigeria «las captan vecinos». La mayoría no saben a qué vienen. Creen que les espera un trabajo o «en un momento dado han aceptado prostituirse pero se encuentran en un antro, con condiciones pésimas» y ya no pueden escapar.
