Casi a diario suena el teléfono de la oficina. La mayoría de las llamadas es para denunciar que un perro de los llamados peligrosos pasea sin cadena o bozal por su calle, o simplemente, porque han visto un animal abandonado en plena calle. Es la realidad con la que se maneja el Registro de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía, que se encarga de vigilar que todo animal disponga de licencia. Es decir, ponerle correa al dueño que incumple la ley. La provincia cuenta con más de 360.000 mascotas registradas, de las cuales el 95% son perros 6.200 considerados peligrosos. Pero quien está fuera de la lista se traduce en sanciones que, por cierto, no son pecata minuta. Sólo la no inscripción en el registro supone una sanción de 2.400 euros para el dueño. Y hay otras que pueden llegar a los 30.000 euros. Sobre el caso de las licencias, aunque la mayoría son advertidos previamente, son pocos los que atienden este requerimiento. Se arriesgan al silencio administrativo, como explicó Francisco Domínguez, del departamento de Inspección. Pero mirar para otro lado no evita que caiga la multa. Sólo el año pasado, la Consejería de Justicia e Interior elevó 42 expedientes sancionadores contra los dueños de mascotas, 33 de ellos sobre propietarios de animales peligrosos como pit bull terrier, rottweiler, dogo argentino, doberman o fila brasileño. Esa cifra supone un aumento de un 10% con respecto al año 2011. Y en lo que va de año, el ritmo va in crescendo, con un total de 22 expedientes incoados. A ese incremento ayuda mucho la Policía, la Guardia Civil y el Laboratorio Municipal, que han extremado la vigilancia a través de inspecciones. Con ellas, hay muchas posibilidades de detectar al infractor. En 2012, se realizaron 179 inspecciones en la provincia, de las que salieron los 42 expedientes. Eso supone que una de cada cuatro acaba al final en multa (23,4%). Las infracciones graves más frecuentes causa de sanción son el abandono, el maltrato, la mutilación con fines exclusivamente estéticos y la falta de identificación o no estar inscrito en el registro. Una de las preocupaciones que hay atañe al registro son los daños que causan los propietarios sobre sus mascotas casos como cortarles las orejas o la cola. Además, se han abierto expedientes por infracciones leves por no poner las vacunas o realizar el tratamiento obligatorio para perros previstos en la normativa, no mantener a animales de compañía en buenas condiciones higiénicas, o tenerlos en lugares inadecuados. En el caso de los perros potencialmente peligrosos, las infracciones más usuales son tener uno de estos animales sin poseer la licencia municipal, dejarlo suelto en la vía pública, llevarlo sin bozal u obstruir a la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Es lo que ocurrió en enero con un dueño que se le ocurrió pasear su mascota, un perro de los catalogados peligrosos, en el momento en el que estaba pasando la cabalgata de Reyes Magos de su pueblo. Tras ser alertado por las autoridades para que alejara al animal de la multitud, este optó finalmente por hacer caso omiso. No ocurrió nada por fortuna, salvo la sanción que recibió el dueño. En otros casos, el daño llega antes de la multa. Ocurre cuando el aviso llega porque un perro peligroso o sin licencia ataca a una persona u otro animal más pequeño, algo que es más habitual de lo que se puede llegar a pensar, según Domínguez. Pero incluso ahí aparece la picaresca. Y más en tiempos de crisis, cuando hay quienes no pueden hacer frente a una sanción dura. Hay dueños de perros peligrosos que cuando se encuentran en una situación como que su mascota ha dañado a un animal, prefieren pagarle la consulta o la intervención en el veterinario para evitar que se le abra un expediente. Un extremo que ocurre más en los reincidentes. Pero el camino más fácil para que no ocurra, más que estos atajos, está en tener los papeles en reglas y, en especial, colocar el bozal al animal.