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Cuatro alcaldes bajo la lupa del fiscal

Parece que ninguno de los cuatro últimos alcaldes de Valencina de la Concepción se va a librar de pasar por los juzgados.

el 15 sep 2009 / 18:27 h.

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Parece que ninguno de los cuatro últimos alcaldes de Valencina de la Concepción se va a librar de pasar por los juzgados. Los primeros en declarar serán el actual alcalde y su predecesor, citados como imputados por no acatar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló el Reglamento del Personal Funcionario por suponer "trato de favor y subidas salariales encubiertas".

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla tiene convocados el 19 de diciembre al actual alcalde, Antonio Manuel Suárez (PSOE), y a su antecesor, Adolfo Balseiro (independiente), para declarar por estos hechos, según informaron a la agencia Efe fuentes de la investigación.

Se trata de las primeras imputaciones por este caso, en el que la Fiscalía de Sevilla denunció el pasado verano el presunto incumplimiento, por parte de cuatro alcaldes sucesivos, de la sentencia del TSJA que en junio de 2002 anuló 19 artículos del citado reglamento. Los otros denunciados son Francisco José Navarro (PSOE), que gobernaba cuando se dictó la sentencia en cuestión, y José Luis Tosca (PP), que le relevó en 2004 tras una moción de censura

La anulación del reglamento se produjo, según recogía la sentencia, por contener premios no autorizados por la ley, dar 33 días de vacaciones anuales en lugar del mes previsto para todos los funcionarios y comprometer el pago del 50% de las hipotecas de sus trabajadores. También se concedía a todos, con la paga de marzo, una ayuda generalizada de 300 euros denominada "de prótesis" que, según la sentencia, no estaba vinculada a la necesidad de esta asistencia sanitaria. La sentencia del TSJA anuló también varias disposiciones relativas a excedencias, planes de jubilación, nocturnidad, desplazamientos, servicios extraordinarios y permisos retribuidos.

Están acusados de haber renovado y aplicado el mismo reglamento a partir de 2003, aunque en las posteriores ocasiones no lo publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). El juzgado les imputa presuntos delitos de desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación.

Varios artículos fueron anulados tras una denuncia del abogado del Estado, que entendió que suponían un trato de favor, subida de salarios encubiertas y permisos retribuidos que deben atenerse "estrictamente" a lo regulado por la Junta de Andalucía.

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