La jueza Mercedes Alaya acaba de ampliar la instrucción sobre Mercasevilla con una nueva pieza ya van cinco vinculadas a esta causa matriz de la que salió el caso ERE en la que investiga el posible enriquecimiento ilícito del exdirector de Vía Pública del anterior Gobierno municipal de PSOE e IU Domingo Enrique Castaño, y su mujer la abogada Ana Vaquero, a través de la presunta percepción de dádivas de las empresas Fitonovo y Fiverde que prestaron servicios al Ayuntamiento de Sevilla cuando Castaño dirigía ese área de Urbanismo. La jueza ordenó a la Guardia Civil indagar en ese posible enriquecimiento ilícito a raíz de la pieza del caso que investiga presuntas irregularidades en la venta de suelos de Mercasevilla, en la que Castaño ya está imputado como uno de los consejeros de Merca que aprobó el concurso. Fruto de estas pesquisas, que según informaron a Europa Press fuentes del caso revelaron ingresos sospechosos por 300.000 euros en sus cuentas, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplegó ayer la Operación Madeja, en la que detuvo a Castaño, a su mujer, al gerente de Fitonovo Rafael González Paloma y al exgerente de Fiverde, Ángel Manuel Macedo, e imputó a otras dos personas vinculadas a la administración de ambas empresas. En la operación se registraron las sedes de Fitonovo en Salteras y Fiverde en la capital, un chalet propiedad de Castaño y su esposa en Guillena y un piso y un local también de la pareja en el centro de Sevilla, además del despacho de Vaquero en el bufete de abogados en el que trabaja, también en la capital. Los registros se prolongaron durante todo el día y en los mismos se incautaron fundamentalmente documentación y archivos informáticos.
Domingo Enrique Castaño, el tercero por la derecha, junto a Mellet en un viaje.
En el caso de las propiedades de Castaño, la documentación incautada es referente sobre todo a cuentas bancarias que ya tiene el juzgado, según su abogado José Manuel García-Quílez. Los agentes también locarizaron unos 7.000 euros en efectivo en estos registros. La nueva pieza está bajo secreto pero la detención de Castaño le atribuye posibles delitos de blanqueo, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio de las cosas, cohecho y exacción ilegal (cobros indebidos por parte de funcionarios públicos).
Tras los registros, los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil, donde previsiblemente los agentes les tomarán hoy declaración antes de ser puestos a disposición judicial.
Esta nueva pieza del caso Mercasevilla dimana de la investigación que Alaya sigue sobre la venta de suelos de la lonja en 2006 a Sando en un concurso público al que concurrieron otras siete empresas que según Alaya presentaron ofertas de relleno y que ganó Sando pese a que la empresa Noga ofreció 50 millones más. La investigación de la Guardia Civil reveló relaciones societarias entre varias de estas empresas y apuntó a que Sando pudo diseñar el pliego de condiciones al Ayuntamiento. Tras esta investigación, Alaya citó a declarar como imputados a los responsables de las empresas que concurrieron: Realia, Prasa, Azucareras Larios, Edamar (hoy Noriega) y Construcciones Juan de Robles, propiedad de los hermanos de la ministra Fátima Báñez. Todos ellos negaron connivencia con Sando y la dirección de Mercasevilla para amañar el concurso y justificaron sus raquíticas ofertas (en algunos casos la mínima posible) en que concurrieron por probar sin querer arriesgar mucho.
En el mismo auto en el que Alaya imputaba a estos empresarios, el 7 de junio, pedía a la UCO que aportase la información recabada sobre el posible enriquecimiento ilícito de Domingo Enrique Castaño, que era director municipal de Vía Pública y consejero de Mercasevilla cuando se adjudicó la venta de suelos de la lonja. Castaño era junto al expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo uno de los hombres de confianza del entonces alcalde, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín. El exdirector de la lonja, Fernando Mellet imputado en las otras cuatro piezas del caso, declaró en 2009 ante la jueza Alaya que Sando llegó a Merca por relaciones profesionales con Vía Pública, el área dirigida por Castaño, que también declaró entonces en el marco de la instrucción sobre la venta de suelos y se desvinculó de la redacción del pliego, aunque se negó a contestar varias preguntas de la jueza Alaya.
Sin embargo, esta nueva pieza investiga las relaciones de Castaño con empresas que trabajaron con el Ayuntamiento en tareas fitosanitarias y medioambientales relacionadas con el área que dirigía. Se indaga si éste recibió dádivas de estas empresas por adjudicarles contratos.
Procedente de la federación de vecinos Unidad también fue investigado en el caso de las supuestas facturas falsas en ésta y de la agrupación del PSOE de la Macarena, Domingo Enrique Castaño fue asesor del grupo municipal socialista, director de Vía Pública hasta febrero de 2007 y formó parte de la dirección de la Fundación DeSevilla, donde pidió una excedencia en septiembre de 2007 para ser contratado en junio de 2008 por Duse, una filial de Sando, como asesor durante un año. Entre finales de 2010 y principios de 2011 pidió reincorporarse a DeSevilla como asesor jurídico, un retorno avalado por los informes técnicos municipales pero que debía esperar a que surgiera una plaza de sus características y que Monteseirín aceleró, firmando su regreso cuatro días después de que se celebrasen las elecciones municipales de mayo de 2011, en las que ganó el PP. Castaño volvió a trabajar en la fundación ese verano pero en septiembre el Gobierno popular anunció su liquidación, actualmente en proceso.
