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Cuatro meses por cuatro urnas

Honduras vive el fin de su crisis de cara a las elecciones de noviembre

el 31 oct 2009 / 20:57 h.

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Simpatizantes del depuesto presidente, Manuel Zelaya, celebrando el pacto.

Cuatro meses después de que el Congreso de Honduras bendijera la expulsión a punta de pistola del país del entonces presidente, Manuel Zelaya; la misma Cámara tiene ahora que tomar la decisión sobre su restitución en el poder, según el acuerdo alcanzado el pasado viernes por las delegaciones tanto de Zelaya como del presidente golpista, Roberto Michelleti. Un medida -la restitución de un presidente- que no está prevista en la Constitución del pequeño país centroamericano y que obedecerá más a razones políticas que jurídicas.


La expulsión de Zelaya el pasado 28 de junio podría considerarse como el origen del conflicto hondureño, pero éste nació realmente cuando Zelaya intentaba desarrollar una reforma de la Constitución que le permitiera perpetuarse en el poder. Ya, en 1982, las cortes constituyentes de Honduras, previniendo las tentaciones continuistas tan comunes en aquellas trópicos fueron radicales prohibiendo expresamente cualquier modificación de los artículos que hacen referencia a la forma de gobierno y la alternancia en el poder. Y eso fue precisamente lo que intentó Zelaya. La Corte Suprema de Justicia (equiparable a nuestro Tribunal Supremo. En Honduras no hay Tribunal Constitucional) había declarado inconstitucional la consulta no vinculante de Zelaya que promovía la instalación de una urna más en las elecciones para decidir la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que sustituyera la actual Carta Magna de 1982. Y ese fue el delito del depuesto Zelaya, conocido como la cuarta urna. Por tanto, el Congreso se vio obligado a ejecutar el artículo 239 de la Constitución, que prevé el cese y una inhabilitación de diez años para quienes quebranten esta disposición o propongan su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente.


Aún cargado de razón, el presidente Roberto Micheletti, optó por la medida equivocada para derrocar a Zelaya el pasado 28 de junio: sacarlo a punta de pistola del país y expulsarlo a Costa Rica. Unas horas después del golpe de Estado, el Parlamento hondureño proclamó presidente a Michelleti. Una decisión no aprobada por la comunidad internacional que desde el primer minuto de este conflicto condenó el golpe y abogó por una salida a la crisis basada en la ley.


Desde entonces, Honduras se ha convertido en un país sin orden ni Gobierno. Micheletti se olvidó de la Constitución y la Democracia e implantó el toque de queda, reprimió las manifestaciones a favor de Zelaya -hubo varios fallecidos-, suprimió las garantías constitucionales, decretó el estado de sitio y cortó la emisión de las cadenas de televisión que le criticaban. A todas luces, una dictadura.

Ahora, los dos gobernantes han llegado a un acuerdo y dejan la decisión en manos del Congreso, para la que no hay una fecha establecida. Las partes se han comprometido; además, en formar un Gobierno de unidad hasta que se celebren las elecciones del próximo 29 de noviembre. En los comicios ya no estará la cuarta urna. Tampoco Manuel Zelaya. En su conciencia queda, y en la de Micheletti, si les ha merecido la pena poner al país al borde de una guerra civil para que el Congreso vuelta a tener la última decisión.

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