La Junta ya tiene el documento con el que sustentar su veto a la pretensión del Ayuntamiento de Sevilla de construir un parking en la Alameda -y en el conjunto del casco histórico- y de reconvertir los suelos de la antigua comisaría de la Gavidia como superficie comercial de cara a su posterior venta. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, dependiente de la Delegación de Cultura de la Junta, ha evaluado las 17 modificaciones al Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla (PGOU) que el Consistorio trasladó, emitiendo su rechazo a las dos necesarias para acometer estas actuaciones.
El dictamen negativo a que se abra la mano a la construcción de los aparcamientos en el Centro se sustenta, según las fuentes consultadas por El Correo, en dos argumentos. El primero de ellos es que esta modificación del PGOU no está lo suficientemente justificada, ya que el Consistorio esgrime que es como consecuencia a la derogación del Plan Centro, una medida que no figura como pieza fundamental de la movilidad de la ordenación de la ciudad. Más decisivo en esta negativa se antoja el hecho de que aceptar los nuevos parkings rotatorios en el Casco Histórico supondría, a juicio de esta comisión y según las fuentes consultadas, una contradicción con el actual PGOU, que no sólo propone que se construyan en los bordes del Centro, sino que defiende un modelo de ciudad que apuesta por alejar a los vehículos privados de esta zona. Ese planteamiento coincide con la advertencia dada por todos los expertos, incluido el redactor del PGOU, Manuel Ángel González Fustegueras , que indicaron que esa propuesta a favor de parkings en núcleos como la Alameda requería, más que modificaciones puntuales, la revisión del plan en su conjunto, lo que equivaldría a la redacción de uno nuevo.
Tampoco está justificado, a juicio de la Comisión de Patrimonio, la reconversión de la antigua comisaría de la Gavidia para que pasara de ser de un suelo de interés público y social (SIPS) para ser catalogado como gran superficie comercial. El Ayuntamiento alegó en su petición razones económicas para cambiar estos suelos, que compensaría con las dependencias de la calle Pajaritos y el Mercado del Arenal -pese a que estas se utilizan ya para uso municipal-. El dictamen de la comisión, según las mismas fuentes, indican que este rechazo se sostiene principalmente en que la implantación de una nueva superficie comercial supondría una "alteración" del entorno. También esas fuentes afirman que se llegó a abrir un debate sobre las dudas acerca si era suficiente compensación los suelos ofrecidos por el Ayuntamiento para declararlos SIPS a cambio de la Gavidia.
Aunque el dictamen de la Comisión de Patrimonio no es vínculante, sí que esboza el camino que puede seguir la Dirección General de Bienes Culturales, que sí que tiene la potestad de tumbar esas modificaciones. De hecho, no se conocen precedentes en los que la Junta dicte una resolución contraria a la emitida antes por la Comisión de Patrimonio, que no sólo está compuesta por técnicos de la Delegación Provincial de Cultura, sino que también se encuentran representados el Colegio de Arquitectos de Sevilla, el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, la patronal de la construcción Gaesco y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Este órgano de carácter consultivo se completa con la presencia de tres expertos independientes.
Aunque esta primera resolución contraria de la Junta no sorprende, ya que la administración había expresado desde el primer día sus dudas ante la aplicación en la práctica de estas modificaciones, sí que sorprende el silencio ante esta resolución. Hace dos semanas que se celebró la comisión, pero ni la Junta de Andalucía ofreció las conclusiones a las que se llegaron ni después el Ayuntamiento, conocedor de las resoluciones, hizo valoración alguna al respecto. Y es que dentro de estas modificaciones se encierra un nuevo escenario de confrontación, que vivió el primer capítulo en abril, cuando el PSOE alertó de que el alcalde, Juan Ignacio Zoido , solo buscaba el no de la Junta, mientras que el Ayuntamiento presagiaba que esa negativa era igual que ir "en contra de los proyectos de esta ciudad".
