Hace cinco años, diez familias de San Bernardo decidieron ocupar un edificio nuevo que llevaba varios años sin habitar. Sus anteriores viviendas de alquiler estaban en estado de abandono y, con esta acción, las familias okupas trataron de reivindicar la rehabilitación de estos edificios de renta antigua.
De las diez familias, cuatro no han conseguido regularizar su situación y ante el riesgo de desalojo por parte de la Oficina Técnica de Atención al Inquilino en Situación de Abuso (Otainsa), decidieron llevar a los juzgados a este organismo, dependiente de la Delegación de Urbanismo.
Ahora, una sentencia le da la razón a Antonio Buenavida, uno de los vecinos que en 2005 se trasladó a la calle San Bernardo. Según éste, la resolución emitida por el Juzgado de Primera Instancia Número 24 de Sevilla reconoce que su familia se encuentra en una situación regular en virtud de un contrato verbal que se formalizó "al tercer día" de ocupar la vivienda.
Así, gracias a esta sentencia se aclara que estos vecinos no están en situación "precaria", sino que residen en estos hogares bajo un "contrato de comodato", es decir, un acuerdo con el que una parte entrega a otra un inmueble, sin renta, para que haga uso de ella durante un tiempo.
Para demostrar la existencia de este contrato verbal, el abogado defensor de Buenavida, José Ignacio Aguilar, presentó una serie de vídeos y audios en los que el ex delegado de Urbanismo, Emilio Carrillo, les prometía que el Ayuntamiento compraría el edificio y que podrían residir en él hasta que se rehabilitasen sus anteriores viviendas.
Ahora, Antonio Buenavida espera que Urbanismo "cumpla su promesa", que la situación de las cuatro familias "se normalice" y que Otainsa reconozca que las viviendas se han prestado hasta que puedan volver a sus antiguas viviendas. Además, el abogado añadió: "Si se puede cambiar el contrato de préstamo a uno de alquiler, mejor todavía".
Aunque hace cinco años que Antonio Buenavida abandonó su casa, en el número 3 de la calle San Bernardo, por encontrarse en ruinas, continúa pagando 248 euros de alquiler todos los meses, para no perderla.
La solución planteada por parte de Otainsa fue realojarle en un piso de alquiler en Pino Montano, con una renta de 400 euros al mes. Sin embargo, este vecino se negó al traslado, por un lado, porque quería vivir en su antiguo barrio y, por otro, porque entonces percibía un salario de 850 euros mensuales y "no podía permitírmelo".
Según Antonio, Otainsa quiere desalojar a estas cuatro familias porque, debido a su edad, ejercen un fuerte liderazgo en el grupo vecinal. Sin embargo, esta oficina municipal considera que se trata de viviendas públicas destinadas a realojar a personas mayores que han perdido su hogar. A pesar del miedo a que Otainsa recurra, Buenavida defendió "la solidez de nuestros argumentos".
«El juzgado ya nos dio la razón en un caso similar»
Por su parte, el responsable de Otainsa, Ángel Monge, aseguró que se recurrirá la sentencia que da la razón a Antonio Buenavida. De hecho, recordó que hace un mes, otro juzgado civil les dio la razón en un caso "similar". Se trata del juicio de Ángel Iglesias, vecino también del número 52 de la calle San Bernardo. El fallo en contra se debe, según Antonio Buenavida, a que cuando se celebró el juicio no contaban todavía con las pruebas que se presentaron en el segundo juicio.
Además, Ángel Monge afirmó que continúan con "la idea del desalojo", porque estos vecinos están "ocupando unas viviendas públicas, destinadas a realojar a personas que reúnan ciertos requisitos". Las condiciones hacen referencia al salario, ya que son pisos destinados a personas mayores. Monge comentó que "ya se le ofreció a Buenavida alquilar una vivienda de VPO, y la rechazó". También consideró que "este señor no ha perdido su antigua vivienda", porque "que esté en ruinas no quiere decir que la haya perdido".
