El 31% de los andaluces, que ayer fueron llamados a las urnas, está en paro. Este año, y probablemente la primera mitad de la legislatura que empieza, estará marcado por la recesión y el aumento del desempleo. Pero el reto fundamental del nuevo Gobierno no sólo será detener esta sangría. Entre los jóvenes andaluces de 18 a 24 años, el paro alcanza al 55%, y entre la población universitaria, cuatro de cada 10 licenciados ocupa puestos inferiores a su categoría profesional. Los colegios de Andalucía pierden a un 27% de estudiantes: cada curso, alrededor de 98.500 alumnos deja la escuela sin terminar la educación secundaria obligatoria. El 37% de los adolescentes interrumpe su formación a los 18 años y busca un empleo que no requiere una elevada cualificación profesional.
El paro andaluz tiene síntomas estructurales, los mismos que asuelan al resto del país, pero también tiene características propias. El desafío del presidente no será sólo en frenar el desempleo, también tendrá que poner en marcha reformas estructurales encaminadas al crecimiento sostenible y la creación de empleo.
Los cambios en las políticas educativas y de empleabilidad se llevarán en paralelo, pero el Gobierno no podrá asumir en solitario la responsabilidad de reactivar la economía. Por eso, otro de los retos fundamentales, muy presente durante la campaña, será aglutinar el esfuerzo colectivo de todos los sectores económicos y de los agentes sociales para recuperar los niveles de crecimiento. Éste es un reto estratégico, quizá el más urgente, sin embargo el presidente no lo podrá abordar hasta que haya pasado de largo la huelga general contra la reforma laboral.
Andalucía arrastra un déficit grave en el sector terciario en términos de productividad y competitividad. En este campo el reto será decidir si se mantiene la apuesta por la innovación y el desarrollo. El Gobierno de José Antonio Griñán se jactó de haber aumentado un 11% el gasto para la I+D+i durante la crisis, mientras otras comunidades lo reducían. La actividad empresarial en torno a las nuevas tecnologías ha generado 32.000 puestos de trabajo en Andalucía y 4.200 millones de euros en facturación.
El nuevo presidente de la Junta está obligado a pilotar la transformación del modelo productivo andaluz, y la apuesta por la I+D+i parece señalar el camino a todos los gobiernos. Sin embargo, el nuevo presidente también tendrá que buscar nuevas vías para reactivar el sector inmobiliario, hasta ahora capital en la economía andaluza. La compraventa de viviendas sigue en caída libre y el aumento del paro provocará que miles de familias, incapaces de afrontar la hipoteca y de pagar sus deudas, pierda su casa durante la próxima legislatura.
Esta situación agravará el fenómeno de la economía sumergida, otro de los problemas a los que se enfrenta el nuevo Ejecutivo. En Andalucía se calcula que hay entre un 20 y un 25% de trabajo en negro (no cotizado). La lucha contra el fraude fiscal está inevitablemente relacionada con otra tarea de primer orden: buscar ingresos, ahorrar en gasto público y cumplir el difícil objetivo de la ley de estabilidad presupuestaria.
Sobre la mesa, un Presupuesto de 32.000 millones de euros con un listado de promesas de gasto. Hace cuatro años, la cuestión que debía plantearse el nuevo Gobierno era saber por dónde empezaría a gastar, cuáles serían sus prioridades. Ahora es justo la contraria: por dónde empieza a recortar. El nuevo presidente se ha comprometido casi a diario a no tocar las partidas de sanidad, educación y políticas sociales, que ocupan el 75% del Presupuesto. Sin embargo, la gestión en el sistema público de salud está en el punto de mira. La búsqueda de mecanismos para un mayor ahorro podría derivar hacia fórmulas como la subasta de fármacos -que repercute en las farmacéuticas- o en el llamado copago sanitario -que soportaría el paciente-. En esta línea, también están en la mesa la reforma fiscal y la reordenación del sector público. El primer caso pasaría por revisar una posible subida de los impuestos autonómicos (todos los candidatos lo descartaron). En el caso de la administración, los recortes podrían afectar al personal laboral o funcionarios, los altos cargos, la gestión de la RTVA y las empresas públicas.
