Parece claro que el ejercicio del poder requiere contar con un cierto consenso en las medidas que se adoptan. Lo exige la democracia, en la que los grupos en minoría se han de tener en cuenta a la hora de tomar decisiones que afectan a todos y aún más cuando se trata de nombrar cargos que revisten cierta institucionalidad en el sentido de que son partidistas. Esta necesidad es más evidente cuando el Gobierno está en minoría, pues requiere del apoyo de otros partidos, entre los que está la oposición.
Pero no cabe duda de que es a aquél al que corresponde tomar la iniciativa política y tiene la legitimidad para ejercer el poder de acuerdo a su ideología. Sin embargo, parece que no es así cuando el que ha ganado las elecciones es un poder de izquierdas o, al menos, de centro izquierda.
Efectivamente, parece que el pensamiento de izquierdas representa una subversión al orden natural de las cosas, una transgresión a la normalidad en la que se ha de desenvolver la convivencia, un pensamiento que se soporta porque a estas alturas todavía hay quien piensa que es posible otro modelo de relación social y política.
Se aduce que la historia ha puesto de relieve que estas actitudes ceden ante la evidencia de un régimen que coloca a cada uno en su sitio y a cada razón en su lugar y así deben seguir, cuando ha sido precisamente la contestación de los que no se conforman con el orden establecido la que ha hecho progresar a la humanidad; en definitiva, nos mantenemos en la creencia de que el pensamiento conservador es el que mejor responde a las necesidades de la sociedad, que no está para los sobresaltos que provoca la izquierda.
El conservadurismo goza pues de una suerte de legitimidad añadida que tiene su origen en una pretendida "razón natural", de tal manera que las disposiciones son correctas, o las decisiones adecuadas, en la medida que respondan a sus postulados.
Y esta idea pesa también sobre la izquierda, que actúa con complejo de culpa cuando quiere alterar el orden vigente, aunque sea en una ínfima proporción. Y así, para defender la laicidad del Estado, que está en el germen mismo del modelo liberal, hay que pedir disculpas y expiar el pecado; honrar a las víctimas de la dictadura es una insubordinación que hay que medir; dar un trato humanitario a los emigrantes supone un peligroso quebrantamiento de la jerarquía social; enseñar los valores democráticos una apropiación de las mentes de los ciudadanos que hay que flexibilizar y justificar hasta el infinito.
Cuando las acciones del gobierno se deslizan algo hacía la izquierda, como la regulación del aborto, el matrimonio de homosexuales, la dignidad de la muerte, entonces todas las precauciones son pocas, pues hay que asegurar que no se quiere subvertir el orden social. Y si de lo que se trata es de nombrar al presidente del CGPJ no hay lugar a ninguna veleidad: ha de ser conservador porque así se asegura que la justicia será la que debe ser. Lo mismo cuando están en liza plazas de magistrados del TC.
Y en todo esto es irrelevante que el partido en el Gobierno haya ganado con los votos de los que creyeron en su programa. No se tiene en cuenta que tiene la legitimidad y la obligación de actuar conforme a la ideología que profesa y que enarbolaron ante la ciudadanía, pues por encima de la voluntad popular está el orden natural de las cosas que exige la corrección en el ejercicio de la política.
Rosario Valpuesta es catedrática de Derecho Civil de la Pablo de Olavide.
