La actual deuda de Tussam obliga a tomar decisiones contundentes respecto a su viabilidad. Teniendo claro que su objetivo no es la rentabilidad sino la eficacia, la empresa pública ha acumulado impagos que lastran cada año las inversiones. De seguir así, a medio plazo se dará una situación de colapso financiero en la que el Ayuntamiento sólo podrá abonar las deudas e intereses atrasados, sin posibilidad de hacer frente a los gastos presentes y futuros. Es positivo, por tanto, que el consistorio esté decidido a sanear la empresa con la cesión de la parcela del Prado, si bien es censurable que para ello pierda patrimonio municipal, como el edificio de Diego de Riaño.
Tussam tiene que ganar velocidad comercial y atraer viajeros por la calidad y eficacia de su servicio. Ésa debe ser la prioridad. La operación urbanística, sin embargo, presenta otras bondades que convierten en virtud su necesidad urgente de liquidez. Por ejemplo, aporta a la ciudad un gran aparcamiento rotatorio de 800 plazas en un gran intercambiador de transporte previsto en el PGOU. El consistorio recupera un edificio de firma para una zona emblemática de la ciudad, en este caso sin coste alguno para los sevillanos, ya que sería la empresa adjudicataria la encargada de construir el inmueble a cambio de explotar comercialmente el hotel y una parte de las oficinas.
Además, se resolvería el litigio que mantiene la empresa Dragados -a la que se adjudicó la obra en tiempos de Soledad Becerril- con el Ayuntamiento, ya que el nuevo adjudicatario se haría cargo de la posible indemnización a la constructora. En definitiva, se trata de una operación cuestionable -Tussam tuvo que dar marcha atrás en la subasta de sus cocheras para hacer pisos- pero con un fin tan loable como urgente: enjugar la deuda de Tussam, alimentada en estos 30 años por todos los partidos que han gobernado la Plaza Nueva.
