La denuncia que lanzó la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de que miembros de su partido eran víctimas de escuchas ilegales sigue levantando ampollas. Ayer le tocó el turno a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien calificó la acusación de "insidia".
Además, De la Vega retó al PP a acudir a los tribunales si tiene pruebas sobre las "irresponsables" acusaciones realizadas por De Cospedal y le exigió que rectifique. "Si no tiene pruebas, tiene que rectificar porque en política no vale todo", apuntó. "Es una insidia. El PP se tiene que serenar porque no es razonable que, por intentar defender intereses partidarios, ponga en cuestionamiento el funcionamiento de jueces, policía y fiscales..., el de todas las instituciones del Estado", manifestó De la Vega en una entrevista con la Cadena Ser, recogida por Europa Press.
La vicepresidenta primera indicó que considera que si el principal partido de la oposición "tiene pruebas" de que se están produciendo las presuntas escuchas ilegales a dirigentes del PP, lo que tiene que hacer es ir a los tribunales. "No se puede hablar de cacerías y de persecuciones porque las instituciones funcionan de una forma normal", aseguró. De hecho, la portavoz del Gobierno advirtió de que la acusación de "un falso delito" "está tipificado en el Código Penal" y puede constituir "un delito de calumnias". Pero, a su entender, "lo más importante es que estamos hablando de política y es reprobable en términos políticos".
Esta condena contundente de De la Vega se suma a la que se produjo el viernes por parte de jueces, fiscales, policías y guardias civiles que exigieron al PP que probase o rectificase sus acusaciones, por entender que son "falsas" e impropias de un partido "de gobierno".
De forma similar se pronunció ayer la teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente de Madrid, Ana Botella, quien comentó que no duda de que se hayan realizado escuchas ilegales a dirigentes del PP, pero sostuvo que, si esas escuchas se han llevado a cabo sin orden judicial, "evidentemente hay que denunciarlo".
Botella explicó que "si la secretaria general del PP está convencida de ello, no lo dudo". "Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho y sólo se puede intervenir un teléfono con orden judicial", matizó, y precisó que "si lo han intervenido sin orden judicial, evidentemente hay que denunciarlo".
Preguntada sobre si sus teléfonos pueden estar "pinchados", Botella dijo que ella no está "entre los dirigentes del PP".
Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, aseguró que su partido se plantea recurrir al Parlamento Europeo para denunciar las supuestas escuchas ilegales a dirigentes populares y la actitud del Gobierno para "eliminar" políticamente al principal partido de la oposición.
González Pons, en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Efe, adelantó que el PP está pensando en acudir a Bruselas para que "examine" la actitud del Ejecutivo y la utilización que está haciendo "de los medios del Estado de derecho" para "tachar y desacreditar" a su partido. Según indicó, "hay ya gente" de los ministerios de Interior y de Justicia "contándonos cosas", que han empezado "a darnos muchas claves" sobre cómo se han gestado algunas operaciones que se han llevado a cabo este año "contra el PP". Y cuando el Ejecutivo, no niega "algunas de las cosas que decimos", añadió, "bien sabe por qué no las niega".
Mientras De Cospedal, en la entrevista que concedió el jueves en Marbella a Efe, sugería al PSOE que haga "una reflexión" por haberse mostrado en los últimos meses "muy aficionado a levantar falsos testimonios sobre personas", especialmente de su partido, como el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.
De Cospedal insistió en denunciar el "acoso mediático y político" que han sufrido algunos altos cargos populares a raíz de procesos judiciales que han terminado en el sobreseimiento o en el archivo. Se refería así la número dos del PP a la imputación de Camps en la ramificación valenciana de la investigación del caso Gürtel.
