El consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, se comprometió ayer, como no podía ser menos, a estudiar la propuesta que le fue remitida el pasado martes por el Ayuntamiento para construir la Ciudad de la Justicia en el Prado antes de decidir su ubicación «definitiva». En declaraciones a Europa Press, De Llera destacó el «buen diálogo» que mantiene con el alcalde hispalense, Juan Ignacio Zoido, y remarcó que su objetivo es que, «cuanto antes, se determine el lugar donde se va a construir» esta infraestructura, «sea en un edificio o en varios edificios cercanos», todo ello a fin de que, «en cuanto haya dinero, se ponga en marcha su construcción». El consejero dijo que su departamento estudiará la propuesta, cumpliendo así con lo acordado en la reunión que mantuvo en junio de 2013 con el alcalde. Al hilo, De Llera destacó que la remisión por parte del Ayuntamiento de su propuesta «es fundamental» para que la Junta pueda conocer, a partir de ahora, los detalles básicos del proyecto de El Prado y proceder así a realizar el análisis técnico y el estudio de viabilidad del mismo. Añadió que, ahora, el interés de la Junta «es evaluar esa propuesta y verificar si es posible ubicar esta gran infraestructura judicial en esa zona, determinando con detalle y exhaustivamente la capacidad y espacios que nos ofrecen, los crecimientos y necesidades futuras y otras variables de este enclave como las comunicaciones o la accesibilidad». Y es que, según añadió, el propósito de la Consejería «es estudiar el emplazamiento» en el Prado antes de seguir avanzando en el proyecto de Los Gordales, en el que viene trabajando el Gobierno andaluz desde hace tiempo y que considera a priori «mucho más idóneo y que ofrece grandes ventajas, además de haber superado ya todos los obstáculos jurídicos y contenciosos que pesaban sobre sus terrenos». No obstante, la Consejería «está abierta al diálogo y a escuchar y a analizar esta propuesta del Ayuntamiento para decidir desde el acuerdo y con todas las garantías técnicas la ubicación más acertada para la Justicia y para Sevilla». Sobre el plazo que conllevará el estudio de la propuesta, consideró muy prematuro determinar fechas, ya que dependerá de la información aportada, si es completa y detallada. El desarrollo de estos trabajos previos pueden durar más de dos años, por lo que se podría ganar tiempo realizando estos trámites mientras se espera el final de la crisis.