De Llera ve con preocupación que el TC se esté convirtiendo en una "tercera cámara"

Considera que el proceso de embargo de bienes de Alvarez iniciado por Alaya va a tener "poco efecto".

el 29 mar 2014 / 14:19 h.

El consejero andaluz de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha  expresado este sábado su preocupación por que el Tribunal  Constitucional se esté convirtiendo en una "tercera cámara" y en un  "órgano político", lo que "desnaturaliza su propia función". De Llera ha hechos estas manifestaciones durante una rueda de  prensa para presentar, junto a la consejera de Igualdad, Salud y  Política Sociales, María José Sánchez Rubio, el informe que la Junta  ha remitido al Ministerio de Justicia sobre el anteproyecto de la Ley  Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los  Derechos de la Mujer Embazada en el que reclama la retirada del  texto. Tras ser preguntado sobre si la Junta recurriría el texto en el  Tribunal Constitucional una vez convertido en ley, ha manifestado que  es "triste" que el Gobierno andaluz tenga que estar defendiendo los  derechos y libertades de los ciudadanos acudiendo un día sí y uno no  al Tribunal Constitucional. "Estamos convirtiendo al TC en una tercera cámara, en un órgano  político, lo que desnaturaliza su propia función", ha expresado  Emilio de Llera, dejando claro que la causa de los recursos de  inconstitucionalidad es "imputable" al Gobierno del PP, que está  cerrado al diálogo sobre las normas que pone sobre la mesa. Ha mostrado su preocupación por un escenario político en el que  unos dirigentes, amparados en su mayoría absoluta, "no quieren  negociar nada" ni oyen a nadie, lo que genera que, ante normas que  vulneran derechos y libertades de los ciudadanos, administraciones  como la Junta de Andalucía tengan que acudir al Tribunal  Constitucional. El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha  considerado este sábado que el proceso de embargo que ha iniciado la  juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de las irregularidades en  los expedientes de regulación de empleo (ERE), contra la exconsejera  de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y  exministra de Fomento Magdalena Alvarez va a tener "poco efecto". En rueda de prensa, el consejero ha argumentado esta opinión  apuntando que la Ley procesal dice que el juez requerirá a la persona  que tenga que prestar una fianza para que diga, de entre sus bienes,  cuál prefiere que le embargue, si bien, "ante una fianza tan alta"  como la impuesta por la juez Mercedes Alaya a Magdalena Alvarez,  "impide siquiera elegir bienes". Tras señalar que la juez aplica lo que viene recogido en la ley,  ha considerado que va a tener "poco efecto". Concretamente, la juez ha concedido un plazo de diez días a  Alvarez para que designe bienes a embargar a fin de cubrir la fianza  de responsabilidad civil de 29.568.129,20 euros que le impuso. De otro lado, preguntado sobre las consideraciones que ha  expresado la Audiencia Provincial de Sevilla sobre la juez, ha  señalado que no va a entrar a juzgar ni a Alaya ni a la Audiencia,  apuntando que "son puntos de vista jurídicos distintos". "No quiero hacer ningún pronunciamiento porque luego, si hablo  como jurista, se me malinterpreta y se dice que estoy emitiendo  mensajes políticos a unos y otros", ha indicado el consejero andaluz,  para quien,  como eso no conduce a nada bueno, prefiere "no tomar  posición".

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