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De los parientes de Monteseirín y Silva a los del PP

La actuación de Zoido condiciona su respuesta ahora en el caso de los distritos

el 23 feb 2012 / 22:23 h.

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"Si algún día soy alcalde, no contrataré nunca a mi primo. El señor Monteseirín podría no haberse enterado, pero una vez conocido el caso tenía que haber pedido el expediente, y una vez detectado el problema tomar medias para erradicarlo inmediatamente". La declaración es del actual alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, en el Pleno de noviembre de 2008 en el que el PP pidió una comisión de investigación por cinco nombres concretos: los de cinco familiares de Alfredo Sánchez Monteseirín o del ya exedil Francisco Manuel Silva que se habían visto beneficiados por contrataciones de la administración. Curiosamente, el mismo número de familiares que ayer dejaron su puesto al ser detectados como contratados de empresas privadas adjudicatarias de servicios municipales.

No son casos comparables. Cada historia lleva una responsabilidad distinta detrás. Pero hay un lugar común. La misma sombra de sospecha que en su momento Zoido y el actual delegado de Participación Ciudadana, Beltrán Pérez, crearon sobre trato de favor a familiares en contrataciones de la administración recae ahora sobre elllos. Con el agravante de que el partido que entonces lo denunció ahora es el protagonista. Este factor es el que puede convertir en insuficientes las medidas adoptadas ayer.

Zoido puede presumir de que ha actuado al forzar la salida de cinco coordinadores de talleres familiares de cargos del PP aunque su presencia no fuera ni mucho menos ilegal. Pero esos puestos son sólo una parte de una veintena de contratos a militantes, excandidatos y afines al PP a través de empresas subcontratadas en los talleres de los distritos. "Libre concurrencia, mérito y capacidad", repetía como eslogan el PP de la oposición cuando criticaba las contrataciones del gobierno. No se puede cuestionar la profesionalidad de todos los contratados pero que sean tantos pone en duda que se hayan aplicado en todo momento esos tres factores.

La explicación de que el Ayuntamiento no interviene en las contrataciones de una adjudicataria es la mismo que empleó Francisco Manuel Silva al entrar su madre a trabajar como portera de un centro deportivo al servicio de una empresa. La responsabilidad no se limitó al puesto de trabajo de su madre. Él mismo tuvo que dimitir días después. Ahora, la responsabilidad se pretende acotar al romper cinco contratos de familiares. Y se abre una pregunta, ¿es suficiente?

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