Apenas come desde hace días y duerme lo justo para no caer rendido. A Manuel González le dieron el viernes la puntilla, cuando acudió al juzgado de Instrucción número 3 para saber cuándo se celebraba su juicio por el impago del alquiler de su piso en San Jerónimo, propiedad de Emvisesa, y se vino de vuelta sabiendo que el juicio se celebró en abril y que este martes pretenden dejarlo de patitas en la calle. Con la risa fácil del que no puede contener los nervios, no vacila cuando los vecinos le preguntan que qué va a hacer en el mismo portal de su bloque.
"De mi casa no me va a echar ni Dios", contesta, afirmando que no le quedan ataduras tras perder a su mujer en la Navidad de 2009. Fue por la enfermedad de ella por la que accedió hace ya cuatro años a esta vivienda social de Emvisesa situada en la calle Andén, de la que ha ido abonando el alquiler lo que le ha permitido su paga de 547 euros que le facilita el Estado por arrastrar una incapacidad permanente total. Eso hizo hasta que, según relató ayer, Emvisesa dejó de pasar el recibo del alquiler por el banco, allá por el mes de noviembre de 2011.
Ahí se topó con el dilema: o pagaba el piso o llenaba la nevera. Y optó por lo segundo hasta que se encontró con la carta de Emvisesa. Lo que en principio entendió como "una amenaza", era finalmente "un desahucio en toda regla". "Fui a Viapol y me dijeron que no había nada que hacer, ya que el juicio se celebró el 28 de abril sin mi presencia", explica. Lo extraño es que no le llegó ni aviso de citación. En el juzgado indican que se lo dieron a su hija, pero no consta firma de ella. Es más, no vive con el padre "desde hace varios meses, ya que se fue a Bellavista con su pareja", por lo que es "difícil" que recogiera la citación. La respuesta del juzgado ante esa explicación fue clara: "Búsquese un abogado y denuncie", aunque nada sobre el desalojo, fijado para la mañana del 6 de noviembre.
Manuel ahonda en el relato sin apenas sentarse en su salón. Es fruto de un estado de nervios que no puede frenar y que es visto con preocupación por su actual pareja, que vive en San Fernando y este fin de semana se ha podido escapar para darle ánimos. Pero ni su presencia calma a un hombre que ayer se hizo un tour despacho por despacho en los pasillos de la Casa Consistorial. Fue a ver a los concejales de IU, luego a los del PSOE y finalmente trató de hablar con el delegado de Economía, Gregorio Serrano, al que conoce personalmente, para pedirle amparo. No lo vio, pero le dejó un sobre con documentación de todo el calvario por el que está pasando. En ese último punto, espera que el alcalde, Juan Ignacio Zoido, cumpla con su palabra de "dar comprensión y apoyo municipal" a los afectados con avisos de desahucio. En principio, mañana lunes está citado con dirigentes de Emvisesa.
En su recorrido, ha tocado casi todas las puertas, salvo las de la oficina de atención a los desahucios, creada por la Junta de Andalucía para asesorar a los afectados por una situación que es más común de lo que se cree. Sólo en los primeros seis meses del año se produjeron 1.613 alzamientos, esto es, una media de ocho al día . No acudió a esta oficina porque ya fue uno de los más de 90 vecinos que recibió las cartas de advertencia de Emvisesa y le indicaron que allí "sólo atienden a casos entre inquilino y banco", no con una empresa pública.
Sobre el martes, Manuel no es muy optimista y teme que sus nervios le jueguen una mala pasada. "No me he visto nunca en una de estas y me puedo echar al cuello de cualquiera", afirma. De todos modos, sabe que en este camino no está solo, ya que sólo en su bloque del número 8 de la calle Andén le consta que hay entregadas 60 cartas con aviso de desahucio. Y, aunque hay muchos que se han apresurado a saldar su deuda, también hay en torno a una veintena que se ven incapaces de afrontar esos pagos porque "no tienen dinero ni para comer".
De momento se ha corrido la voz y todo el barrio de San Jerónimo se ha movilizado para arropar a su vecino. Los más activos, los miembros del 15-M en San Jerónimo, que tienen la cartelería preparada, un coche con megafonía y han enviado "más de 3.000 correos electrónicos" informando de lo que hay que evitar el martes que viene. Entre los remitentes, hay de todo: desde los miembros de la Corrala la Utopía, UGT o CCOO hasta el portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero. Una mescolanza de personas que tienen el único objetivo el de encontrar la fórmula para que, cuando finalice el día 6 de noviembre, Manuel siga entre las cuatro paredes de su casa.