¿De quién es la mezquita?

Documentos históricos avalan la propiedad católica del primer templo de la capital en pleno debate sobre su titularidad.

el 22 feb 2014 / 22:10 h.

¿De quién es la Mezquita de Córdoba? La pregunta aún no tiene respuesta, pero sí acapara el debate en la ciudad califal. Si ninguna administración pública lo solicita, en 2016 pasará a ser de manera oficial de la Iglesia, entidad que la gestiona. A principios de febrero una ciudadana particular, Ana Vera, registró en un portal de internet una petición de firmas para solicitar al Obispado «que devuelvan la Mezquita de Córdoba a la ciudad». Esta iniciativa ya ha alcanzado más de 75.000 apoyos. Ni el alcalde, José Antonio Nietl (PP) ni la Junta se han mojado con una postura clara al respecto. Pendientes de la respuesta, el plazo corre a favor de la Iglesia ya que, tal y como manifiesta el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba (UCO), Antonio Manuel Rodríguez Ramos, «si durante 10 años nadie se ha opuesto, es muy difícil que un juez vaya en contra de la apariencia». mezquita-cordoba-02 Ante el debate público sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba, documentos históricos avalan la propiedad católica del primer templo de la capital cordobesa. El registrador de la propiedad Juan José Jurado explicó a Efe que la propia Crónica General de España pone de manifiesto que en 1236 el rey Fernando III El Santo mandó «restituir» a la Iglesia el templo, que fue construido sobre las ruinas de la basílica visigoda de San Vicente.Añadió que en 1882, cuando el templo fue declarado Monumento Nacional, se reconoce como lugar católico consagrado, mientras que cuando la Unesco lo cataloga como Patrimonio de la Humanidad en 1984 se reconoce la misma titularidad. Argumentos documentales que coinciden con los diversos informes jurídicos e históricos que ultima el Cabildo de Córdoba para defender la gestión y titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba desde hace casi ocho siglos. El debate se ha extendido al escenario político hasta el punto de que el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha defendido que, por el momento, el asunto «no es algo que genere tensión» y ha reclamado iniciativas similares para defender «a los parados y a las familias en riesgo de exclusión». mezquita-cordoba ILa Junta de Andalucía cuenta con opiniones dispares ya que, mientras que el vicepresidente, Diego Valderas (IU), defiende punto por punto la reclamación de la plataforma, la delegada provincial de Cultura, Manuela Gómez (PSOE), reconoce la «legalidad» de la inmatriculación –el proceso según el cual la Iglesia inscribió en 2006 el inmueble a su nombre– y asegura que, por el momento, no entra en su planes reclamar la titularidad. También la delegada de la Junta en Córdoba, Isabel Ambrosio, anunció el viernes que la administración autonómica «ha solicitado un informe jurídico para saber si le compete al Gobierno de la Junta de Andalucía reclamar la titularidad pública de ese bien». Por su parte, el Obispado de Córdoba accedió en un principio a facilitar la opinión de un experto en Derecho Civil, el catedrático José Manuel González Porras, aunque finalmente dio marcha atrás y ha emplazado a los medios de comunicación a una rueda de prensa al respecto que se espera para los próximos días. Lo cierto es que el asunto de la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia no es nada nuevo, y ha sido denunciado por varias asociaciones laicas de toda España, partidos políticos como Izquierda Unida y otras organizaciones, entre las cuales la más conocida es la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro. En declaraciones a Efe, el portavoz de esta plataforma, Pascual Larunbe, aseguró que la principal dificultad reside en conseguir un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia sin autorización del Ministerio de Justicia o del Parlamento regional. En el caso de Navarra, se consiguió en 2007, a través de una pregunta parlamentaria al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, un listado de bienes públicos y privados cuya titularidad había sido reclamada por la Iglesia en el Registro Civil entre 1998 y 2007. En ese periodo, según especificó Larunbe, el Arzobispado de Navarra inmatriculó 1.087 bienes, entre los cuales había 650 templos parroquiales, 191 ermitas, 9 basílicas, 42 viviendas, 26 locales comerciales y almacenes, 2 atrios, 8 cementerios, 107 fincas y solares, 38 pastos y prados, 12 viñas, olivares y arbolados, y un frontón. El caso más destacado es el de el actual Albergue de Peregrinos de Pamplona, un espacio «municipal» que estaba vacío, que había sido inmatriculado por el Arzobispado y que el Ayuntamiento «tuvo que comprar por 476.000 euros» para levantarlo. Navarra es la región que cuenta con más casos documentados, aunque a lo largo de toda la geografía nacional existen presuntas inmatriculaciones de bienes públicos o privados. En Valencia, por ejemplo, se han denunciado casos como el de la Fortaleza de Xàbia, la ermita de la Muntanyeta en Alberic, y la del Lluch, en Alzira. En Extremadura, el Obispado de Plasencia podría habría incluido en su patrimonio en los últimos años las iglesias de 11 localidades de la comarca de la Vera (Cáceres), mientras que en Galicia, comunidades de vecinos en Pontevedra denunciaron la inmatriculación de fincas por parte de la Iglesia Católica «por medio de un certificación del Secretario-Canciller del Arzobispado de Santiago de Compostela». También en Castilla y León, se denunció la inclusión de la Ermita de Pardesivil (León) en 2009, y en cuyas obras de reparación presuntamente invirtieron los vecinos 6.000 euros. Lo cierto es que, comprobar el número exacto de inmatriculaciones es una tarea «titánica», indica Larunbe, porque, sin autorización ministerial, requeriría ir al Registro de la Propiedad «caso a caso», algo que ya se promueve en regiones como Aragón, Santander, Madrid o País Vasco.

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