En el caso de Ángela, la niña de 11 años que ha sido expulsada de su colegio de Sevilla Este por el presunto fraude que cometieron sus padres en el proceso de escolarización de la menor, hay varias dudas que aclarar, pero sobre todo una certeza: la víctima de este proceso es la niña, que después de cuatro años de estudios con los mismos compañeros y en el mismo entorno se encuentra con una orden de expulsión a sólo dos semanas de que acabe el curso.
Esta situación tan extrema no responde a una decisión discrecional de la Administración, sino que es fruto de una sentencia firme que merece determinadas reflexiones. La primera tiene que ver con el inicio de este procedimiento. La madre asegura que se enteró en enero de 2008 de que un juez le daba la razón a los padres que los denunciaron por fraude escolar (supuesta falsificación de la vivienda familiar). Ella y su marido recurrieron la primera orden de expulsión contra la niña y consiguieron que volviera al centro como medida cautelar.
Ahora, el mismo juzgado retira la medida cautelar y ordena la expulsión definitiva de la chica. Lo más penoso es que la pequeña haya protagonizado este proceso judicial y que haya sido expulsada, pero dicho esto, convendría analizar el modo en el que se le comunicó a los padres que su niña era expulsada. En su día, la familia fue denunciada, pero Educación archivó la demanda y le dio la razón a los padres de Ángela.
Los demandantes abrieron la vía judicial y, para localizar a los padres, publicaron el aviso en el BOJA, que por supuesto éstos no leyeron. ¿No había otra manera de comunicarle a unos padres que habían sido denunciados? Para Educación y para el juez no, y si a eso se le añade que el caso ha tardado cuatro años en dirimirse, el resultado queda a la vista: una familia se ve obligada a vivir una situación kafkiana y Educación expulsa a la niña el día antes de su examen final de Matemáticas.
