Ante destrozos como los graffitis, los jueces pueden imponer como medida correctora que los menores realicen tareas de limpieza. (Javier Díaz)
Decenas de menores sevillanos pagan cada año su condena, normalmente por un delito de daños, con trabajos a la comunidad en los que la Justicia trata de ponerlos en el lugar de las víctimas de sus tropelías. Jóvenes que destrozaron bancos o árboles se ven obligados a arreglarlos, y los que condujeron de forma temeraria deben acudir a un hospital para comprobar los efectos de accidentes de tráfico. Un total de 87 chicos en Sevilla 1.378 en toda Andalucía se acogieron el año pasado a esta medida judicial, que sólo puede aplicarse si el menor admite la culpa y se muestra arrepentido. El juez decide entonces si cumple el perfil para imponerle estas medidas, alternativas a otras más drásticas como ingresar en un centro.
A veces estos chicos no son conscientes del daño que causan, explica Carmen Belinchón, directora general de Justicia Juvenil de la Junta de Andalucía, a la que corresponde garantizar la ejecución de estas sentencias y que considera que esta medida contribuye más a la rehabilitación que el internamiento o una multa.
De los 87 chavales condenados en 2012 con servicios a la comunidad, el 55% había cometido un delito de daños, el 20% de lesiones, otro 8% había cometido hurtos y el 2% restante otras infracciones, y se intenta que el castigo se ajuste a lo que hicieron.
Hay casos de jóvenes que destrozan zonas verdes haciendo botellonas, y son condenados a cuidar los parques y jardines; eso les supone un esfuerzo, y es importante que sea así. Pero además ven los efectos positivos, que también es bueno: recuerdo el caso de una chica que plantó arbolitos y estaba muy orgullosa porque los había visto crecer, explica.
Los trabajos suelen tener una duración media de uno o dos meses y a veces se acompañan de actividades socioeducativas, por ejemplo, un menor condenado por un delito contra la seguridad del tráfico puede realizar servicios a la comunidad en un hospital, y además asistir a un curso de seguridad vial. Se intenta que puedan cumplirlas en su municipio, para compatibilizarlas con su vida cotidiana, bajo la supervisión de un técnico de libertad vigilada.
Para garantizar esta proximididad y contar con un abanico de actividades que permitan vincular el delito a la condena, hay firmados 60 convenios de colaboración con ayuntamientos sevillanos 335 en Andalucía, y 15 entidades como los hospitales Virgen del Rocío y San Juan de Dios, Cruz Roja, el Banco de Alimentos o la Fundación Gerón.
El acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla, que estuvo varios años en vigor, ya ha caducado y ahora se están ultimando los detalles para renovarlo. Ofrecía sobre todo que los chavales realizasen las labores en el servicio de parques y jardines y en el de limpieza (Lipasam), dos áreas habituales en estos acuerdos. Pero Belinchón insiste en que la falta de un convenio marco no frena estas iniciativas: Si hace falta una medida concreta se firma un acuerdo puntual, igual que si lo que ofrece un Ayuntamiento no se ajusta a lo que el juez considera adecuado para los chicos. Añade que nunca ha ocurrido que se dicte una sentencia de trabajos comunitarios y no pueda cumplirse, porque hay muy buena disposición de las entidades colaboradoras.
Ayuntamientos como el de Dos Hermanas están a la cabeza en la aplicación de medidas. Pese a mostrarse satisfecha por el grado de aplicación, Justicia está intentando ampliar los convenios con ayuntamientos y entidades para favorecer la extensión de estas medidas, que no es muy alta. Las estadísticas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que no recogen los datos por provincias, revelan que de los asuntos de menores que se juzgan al año en la región sólo un 9% sigue este camino. En 2012 los tribunales andaluces juzgaron a 5.701 menores, y a la mayoría los ingresaron en centros en régimen semiabierto 43% de los casos, seguidos de sentencias de libertad vigilada 25%.Los servicios a la comunidad se quedan lejos, en el 9%, si bien es cierto que no todos los menores que delinquen admiten la culpa y están dispuestos a realizar voluntariamente las medidas que establezca el juez.
El número de trabajos sociales realizados bajó el año pasado, pasando de 100 en 2011 a 87 en 2012. Belinchón aclara que no se debe a que haya disminuido el porcentaje de casos que los jueces derivan a trabajos sociales, sino al enorme descenso del número de litigios que se está produciendo en la jurisdicción de Menores por la mediación previa, que logra acuerdos antes de que las partes se enfrenten en el juzgado.
