Un juzgado de Sevilla tomará declaración mañana, como imputado, al presidente de Asociación de Afectados por la suspensión de pagos de la inmobiliaria Contsa, al que la Fiscalía culpa de haber cobrado 200.000 euros cuando la empresa conocía sus problemas de liquidez y había dejado de pagar a sus acreedores.
El imputado F.G.Z. es presidente de la Asociación de Afectados de Consta, una inmobiliaria que se encuentra en suspensión de pagos desde febrero de 2008 con unas deudas que totalizan 115 millones de euros a 1.653 afectados, en su mayoría pequeños ahorradores.
La imputación de F.G.Z. se produce a petición de la Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla y estaba prevista para el pasado 30 de enero, pero se aplazó porque su abogado no había podido estudiar los hechos que se le imputan.
Según la declaración judicial de José Salas Burzón, presidente de Contsa que cumple prisión incondicional desde octubre de 2008, entregó a F.G.Z. 200.000 euros después de noviembre de 2007, cuando el resto de acreedores habían dejado de cobrar, han informado a Efe fuentes del caso.
No obstante, este inversor se encuentra entre los que se han personado como afectados en la suspensión de pagos que lleva el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, pues sostiene que esa cantidad respondía a créditos vencidos y que la recibió en forma de acciones que todavía no ha cobrado.
El servicio de prevención de blanqueo de capitales de la Policía detectó que Contsa hizo pagos presuntamente irregulares por valor de 6 millones de euros a partir de noviembre de 2007, cuando ya era consciente de sus dificultades económicas y había dejado de pagar a sus acreedores.
La Policía imputó al dueño de Consta diversos pagos y detracciones irregulares, así como ventas rápidas de inmuebles en los meses previos a la suspensión de pagos.
En la denuncia penal por estafa de Consta, que tramita el juzgado de instrucción 17 de Sevilla, están acusados el propio Salas Burzón, su esposa, un apoderado de la compañía y una empleada que cobraba mil euros mensuales como administrativa pero sin embargo era titular del 70 por cien de la filial de Contsa en EEUU y de varios coches de lujo que usaba el presidente de la inmobiliaria.
Salas Burzón ha sido denunciado por varios inversores por presuntos delitos de estafa, delito societario, falsedad y apropiación indebida.
El informe de los administradores judiciales entregado al Juzgado de lo Mercantil recoge un déficit de 86 millones de euros entre el activo de 28,4 millones y el pasivo de 115,2 millones, que la empresa debe a 1.653 pequeños inversores.
La empresa captaba a pequeños inversores en una estructural piramidal y les prometía rendimientos de hasta el 40 por ciento, según dichos administradores concursales.
