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Declara el último de los implicados en el caso de los 'Caracoleños' tras la denuncia de EPSA

el 14 feb 2011 / 16:09 h.

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El Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla ha acogido en las  últimas semanas la declaración de J.J.N., la última que faltaba  dentro del proceso abierto por esta instancia judicial en el caso de  los 'Caracoleños', clan exiliado del Polígono Sur entre abril y  agosto de 2009 tras un tiroteo en el que murió un menor de etnia  gitana, por la supuesta ocupación ilegal de las viviendas públicas  que adquirieron a terceros en dicho barrio desfavorecido y que  recuperaron el 31 de julio de 2009 pese a su precintado.  

El abogado que representa los intereses de este colectivo, José  Estanislao López, ha señalado a Europa Press que esta declaración,  que junto a otras se había venido aplazando por diversos motivos,  tales como el estado de salud de algunos de ellos, cierra el proceso  de declaraciones, restando ahora la incoación del procedimiento y el  traslado de las actuaciones a Fiscalía y Defensa.

Recientemente, el letrado expuso que, a un nivel aún muy inicial,  la administración se encontraba elaborando un criterio de actuación  para proceder a la "mejora de las habilidades vecinales y  convivenciales" del clan, señalando que "parece que esta actuación no  va mal encaminada" respecto a la intervención sobre un colectivo con  un porcentaje de integración "muy inferior al resto".

Por lo demás, el letrado ha señalado que se encuentra a expensas  de algún tipo de respuesta por parte de los grupos políticos y del  Comisionado para el Polígono Sur --ya la recibieron del Arzobispado  de Sevilla y del Defensor del Pueblo Andaluz-- a la carta remitida  por él mismo, en la que exponía la situación de estas personas.

El pasado mes de julio el juzgado tomó declaración a miembros de  la mayoría de las aproximadamente 40 familias que conforman este  grupo. Tanto esta ronda de comparecencias como los nuevos  llamamientos respondían a las diligencias incoadas a cuenta de la  denuncia formulada por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía  (EPSA) por la supuesta ocupación ilegal de 41 viviendas del Polígono  Sur cuya titularidad ostenta la Junta de Andalucía.

Durante todas las comparecencias consumadas el pasado mes de julio  los denunciados reconocieron que carecen de documentación en cuanto a  las viviendas en cuestión, de promoción pública, y que las  adquirieron a sus anteriores moradores, por lo que el Juzgado de  Instrucción número ocho les atribuye una ocupación de estas viviendas  públicas sin el correspondiente "título" legal que les habilite para  ello. A tal efecto, la citada instancia judicial ha resuelto cada una  de las comparecencias con la emisión de plazos de diez días para el  desalojo voluntario de los pisos, aspecto ya recurrido por José  Estanislao López.

LA DEFENSA  

El abogado defensor, ante la denuncia de EPSA, está esgrimiendo el  "principio de igualdad y de actuación no discriminatoria" en defensa  de estas familias, dado que la ausencia de documentación efectiva que  les vincule con las viviendas es una situación en la que también  incurren buena parte de los habitantes "del resto de pisos de esa  barriada", en alusión a las Tres Mil Viviendas. Igualmente, anunció  que intentará acreditar que durante varios años, el colectivo de  familias habitó estos pisos "con el conocimiento de la Junta de  Andalucía y sin que nadie les requiriese para abandonar las  viviendas".

Estas familias, que en 2004 protagonizaron el polémico desalojo  del poblado chabolista de Los Bermejales al entregarles el  Consistorio hispalense partidas de 42.000 euros por su marcha, se  autoexiliaron del Polígono Sur en abril de 2009 por temor a  represalias ante la muerte de un menor en un tiroteo, pero el 31 de  julio de aquel año, tras todo un éxodo chabolista, regresaron a las  viviendas que antiguamente ocupaban pese a haber sido precintadas por  EPSA. Durante y después del éxodo, periodo en el que habitaron  diversos asentamientos chabolistas, la ya extinta Consejería de  Vivienda y Ordenación del Territorio inició una investigación  administrativa en torno a la situación y el régimen de las 41  viviendas públicas habitadas por estas familias  

De la mencionada investigación administrativa se desprendió que al  menos 36 de las 41 familias que componen el clan y que ocupaban desde  aproximadamente 2004 estas viviendas públicas carecían de vinculo  legal alguno con los pisos en cuestión. En concreto, la  administración autonómica resolvió positivamente en cinco de los 41  expedientes instruidos para determinar la propiedad y regularización  de las viviendas, mientras que en 36 casos no se pudo demostrar la  propiedad de los ocupantes. De los cinco casos con resolución  positiva, no obstante, una familia renunció a la vivienda y otra no  pertenecía propiamente al colectivo de chabolistas.

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