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Declaran procedente el despido de una trabajadora de Lipasam vinculada al PSOE

el 11 feb 2013 / 14:56 h.

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El Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla ha declarado procedente el despido de Asunción J.M., la ya extrabajadora de la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam) vinculada al PSOE que grabó la polémica conversación en la que el gerente de esta empresa, Francisco José Juan Rodríguez, le aconsejaba supuestamente acercarse a dos concejales del PP para conservar su puesto de empleo.


En la sentencia, consultada por Europa Press, el juez concluye que la empresa "ha acreditado la existencia de una causa cierta real y justificativa del despido" de la trabajadora, "neutralizando de esta forma los indicios de discriminación por causas políticas", pues la empleada había alegado que su despido fue "evidentemente ideológico" , dada su afiliación al PSOE.

El juez se refiere a la grabación de la conversación mantenida por la demandante con el gerente de la empresa, producida tres semanas antes de que esta trabajadora fuese despedida, y dice que, en esta grabación, "lejos de admitirse por el gerente los móviles políticos del despido, los niega expresamente y afirma que se van a aplicar criterios técnicos en los ceses, sugiriéndole para el caso de que finalmente fuera objeto de despido que acudiera a determinados cargos políticos del PP para buscar un puesto de confianza o de libre designación".

"UN CONSEJO DE FUTURO"

A su juicio, ello constituye "un consejo de futuro que no convierte en política una decisión adoptada conforme a criterios organizativos debidamente acreditados".

El juez dice que, "acreditándose la concurrencia de causas organizativas y la racionalidad de la medida extintiva adoptada, es claro que el despido objetivo acordado por la empresa debe ser declarado procedente", fijando una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con el límite de 12 mensualidades, que en este caso asciende a 12.465,5 euros.

En la sentencia, el afirma que en este caso hay que analizar "si la decisión de la empresa constituye una sanción, una represalia o una reacción ilegítima frente al ejercicio del derecho de libertad ideológica, o bien se trata, simplemente, de una manifestación del poder de autoorganización y libertad de cese de la empleadora con base en causas objetivas".

Así, prosigue, la ya extrabajadora de Lipasam "ha acreditado su pertenencia al PSOE" así como "la existencia de indicios de discriminación que desplazan a la empresa la carga de aportar una justificación suficiente de la causa real que le llevó a adoptar la medida cuestionada, que aleje a la misma de la apariencia de vulneración de derechos fundamentales alegada".

Al hilo de ello, el juez dice que "ha quedado acreditado que, por parte de la empresa, se ha procedido a una reorganización del organigrama de puestos de trabajo, con mayor incidencia en puestos directivos, pasando la Unidad de Atención al Cliente, en el que la trabajadora desempeñaba su trabajo, del Servicio de Comunicación y RREE al Departamento de Atención y Participación Ciudadana".

En este último "se ubicó la Unidad de Incidencias, encabezada por el técnico que ya prestaba servicios y amortizándose el puesto" de la despedida "por asumir aquél sus funciones", ya que un informe de optimización realizada por la empresa DOPP "expuso la existencia de una evidente duplicidad de funciones" y "aconsejaba la eliminación del puesto de responsable", en concreto el que ocupaba la extrabajadora.

NO HAY CAUSA POLÍTICA

"Junto a ella, fueron despedidos por causas organizativas otros cinco trabajadores, la mayoría con puestos de responsabilidad y de los cuales uno sólo era militante del PSOE, según manifestó el gerente", dice el juez, que concluye que la empresa "ha procedido a la amortización de un puesto de trabajo en atención a las circunstancias de sobredimensionamiento directivo expuestas, sin que se haya cubierto la plaza" de la despedida por contratación externa "y asumiendo sus funciones otro trabajador".

"En consecuencia, la empresa ha acreditado la existencia de una causa cierta real y justificativa del despido" de la trabajadora, "neutralizando de esta forma los indicios de discriminación por causas políticas", por lo que declara el despido procedente y condena a Lipasam al abono de 111,5 y 145,65 euros en concepto del resto de las indemnizaciones correspondientes por despido y por falta de preaviso del mismo, respectivamente.

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