La juez que investiga un presunto delito societario de Manuel Ruiz de Lopera como máximo accionista del Betis toma declaración mañana, como imputados, al ex vicepresidente Ángel Martín y a Javier Páez, sobrino de Lopera y trabajador en algunas de sus empresas.
Martín, que cesó voluntariamente en su cargo en julio pasado, está citado a las 10.15 horas en el juzgado de instrucción 6, según han informado a Efe fuentes del caso, mientras que Páez lo hará a partir de las 12.30 horas.
Ambos han sido imputados en las diligencias por presunto delito societario en la gestión del Betis, que según los peritos judiciales causó al club deportivo unos perjuicios de 12,9 millones de euros.
La Guardia Civil, en un informe entregado ayer a las partes personadas, reveló que el comprador de las acciones de Lopera, Luis Oliver, se dedica a adquirir empresas en crisis para revenderlas después y que sus compañías "carecen de capacidad financiera" para la operación.
En dicho informe, la Guardia Civil desveló que la operación de compra-venta del paquete accionarial, firmada en julio pasado, contenía un acuerdo "que hasta el momento no había sido conocido" según el cual las acciones adquiridas por la empresa Bitton Sport quedaban pignoradas a favor de FARUSA, la empresa propiedad de la familia Lopera, en caso de impago.
"Contemplar un escenario de vuelta de la propiedad de las acciones del Real Betis a FARUSA no es en absoluto complicado, pues el hecho de que las acciones se encuentren pignoradas hace que un impago por parte de Bitton Sport no sería difícil dada su falta aparente de soporte financiero", según los investigadores policiales.
Por otra parte, unos días después de firmar la compra-venta de las acciones, el Betis suscribió un contrato por valor de 35.000 euros mensuales para que la empresa Orion le llevase la contabilidad, con la peculiaridad de que dicha compañía solo tiene dos empleados y es propiedad del grupo de Oliver, según el informe al que ha tenido acceso Efe.
El informe de la Guardia Civil recogió además que Oliver pudo estar cobrando prestaciones por desempleo entre los años 2008 y 2009, si bien dicha información no pudo ser contrastada por carecer de acceso a la base de datos de la Seguridad Social.
