Los cuatro detenidos por la Policía Nacional por pertenecer a un red que supuestamente obligaban a mujeres asiáticas a prostituirse las 24 horas del día, han quedado en libertad con cargos tras ser puestos a disposición del Juzgado de Guardia. La semana que viene están citados a declarar ante el juez del caso.
Según confirmaron fuentes judiciales, los miembros de esta presunta red fueron trasladados ante el juez de Guardia a finales de la semana pasada, ante el que se negaron a declarar al existir secreto de sumario del caso, lo que hacía que sus defensas no conocieran los pormenores de la investigación. No obstante, ellos mantuvieron en sus declaraciones policiales que las chicas ejercían la prostitución en los pisos libremente.
Por ello, fueron puestos en libertad, aunque imputados por de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de la inmigración ilegal y delitos contra los derechos de los trabajadores y relativos a la prostitución. Las mismas fuentes señalaron que la próxima semana están citados para prestar declaración en el juzgado de Instrucción que se ha hecho cargo de la investigación del caso.
Los cuatro imputados son miembros de una misma familia, de origen chinos, que regentaban tres pisos, dos en Sevilla y uno en Pamplona, en los que supuestamente obligaban a una decena de mujeres a prostituirse las 24 horas del día.
Según la información difundida por la Policía Nacional, los agentes comenzaron a seguirles la pista a mediados de 2010 cuando descubrieron una de las viviendas en las que se estaba ejerciendo la prostitución. Sin embargo, la investigación se alargó debido a que la red utilizaba medidas de seguridad como cámaras clandestinas en los alrededores de las viviendas para alertar de una posible acción policial. Además, los agentes se toparon con el hermetismo propio de la comunidad china.
Las mujeres estaban vigiladas durante todo el día y eran coaccionadas por la deuda que habían contraído con los miembros de la red para poder venir a España y lograrle una documentación falsa. Las chicas tenían que rendir cuenta de todos los servicios antes y después de los mismos, quedándose la red con la mitad de lo que cobraban. La explotación sexual era tal, que incluso por sólo diez euros más las mujeres ofertaban relaciones sexuales sin preservativos a los clientes. De hecho, supuestamente eran tratadas como pura mercancía sexual, ya que eran trasladadas de un piso a otro en función de las necesidades de la organización.
Los cuatro implicados tenían distribuidos sus roles perfectamente. El jefe era un varón, cuya pareja se encargaba de controlar a las chicas, gestionar el dinero recaudado y atender a los clientes en Sevilla. La hermana de ésta hacía estas mismas funciones, pero en Pamplona. Por último, el hijo del matrimonio detenido era el encargado de insertar anuncios ofreciendo los servicios sexuales de las mujeres en la prensa. En el operativo intervinieron varias unidades policiales.
