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Dejemos la historia a los historiadores, pero no los archivos...

No vaya a ser cosa de que la historia de la Guerra Civil y, sobre todo, la historia de la represión salga a la luz en su totalidad. Hasta hoy, los archivos básicos y fundamentales para investigar la represión que los sublevados llevaron a cabo contra la población civil...

el 15 sep 2009 / 22:29 h.

No vaya a ser cosa de que la historia de la Guerra Civil y, sobre todo, la historia de la represión salga a la luz en su totalidad. Hasta hoy, los archivos básicos y fundamentales para investigar la represión que los sublevados llevaron a cabo contra la población civil en la gran parte del suroeste español que quedó en su poder en los primeros meses del golpe militar, no están disponibles. Los archivos de las comandancias militares de cada pueblo, los de los Gobiernos Militares en su relación con esas comandancias y los archivos de las delegaciones de Orden Público no aparecen. Los primeros pasaron a poder de la Guardia Civil, los segundos a las capitanías generales y los últimos a las jefaturas provinciales de Policía. Ninguno de ellos está abierto a la investigación. Fue precisamente durante los primeros años de la democracia cuando estos archivos desaparecieron. ¿Dónde están? Ésa es la gran pregunta que pudiera dar respuesta al secreto mejor guardado del franquismo, las cifras y los documentos de la represión. Ningún gobierno democrático se interesó en buscarlos ni antes ni ahora. La dejadez de las sucesivas administraciones en este expolio ha sido desesperante. La expectativa creada por la creación del grupo de expertos en la causa abierta por la Audiencia Nacional el pasado septiembre quedó frustrada y, con ello, la posibilidad que se abría de que fueran agentes ejecutivos los que, asesorados por expertos, pudieran localizar dichos fondos reclamando a sus responsables de entonces el curso que siguieron los documentos.

En este gigantesco saqueo documental, las principales fuentes documentales explícitas de la represión que sobrevivieron fueron los archivos judiciales militares, que conservaron los fondos de las antiguas Auditorías de Guerra y que hoy se distribuyen por numerosos juzgados togados militares, agrupados en cinco tribunales territoriales, de los que algunos, como el Primero, ubicado en Madrid, mantienen un actitud vergonzante en su disponibilidad para la investigación.

Otros fondos, colaterales, como los expedientes de responsabilidades políticas, los expedientes de conmutación de penas, batallones de trabajo, etc. también se conservaron, pero nos identifican una parte, que no la fundamental, de la represión que sufrió nuestra tierra. Que ahora, esos archivos judiciales, como denunciaba este periódico, recorten las posibilidades de investigación o presenten irregularidades en su gestión sólo viene a agravar la ya de por sí penosa situación.

Y no es ningún tema baladí para la investigación histórica de la Guerra Civil en nuestra tierra. A título de ejemplo, las aproximadamente 1.800 víctimas de la represión en el País Vasco caben en tres pueblos de Sevilla. Incluso Madrid o Barcelona, en sus datos conocidos, no alcanzaron las brutales cifras de la represión en Sevilla, Córdoba o Badajoz, pese a duplicar su población. Hablamos de una tierra donde la represión se aproximó a prácticas genocidas.

Si alguien pensara que este desastre archivístico pudiera ser paliado acudiendo a los registros civiles para buscar las defunciones de todos aquellos que fueron asesinados, pronto vería cómo el suroeste español es, sin duda, el territorio del mundo con mayor número de personas longevas vivas que rebasan los 100 años, algunos aproximándose incluso a los 150. Apenas del 30% de los asesinatos documentados hasta la fecha se inscribió su defunción, y la mayoría en años posteriores.

Cuando el Plan Avanza de la administración avance y estén digitalizados e informatizados los registros civiles, quizá podamos saber los nombres de todos ellos porque, aunque asesinados casi todos en aquel verano y otoño del año 1936, siguen vivos, no solamente en la memoria de sus familiares, sino también en los registros.

En este estado de cosas, bien sería recibido por la comunidad de historiadores e investigadores que la administración, tanto estatal como autonómica, instara a la Policía a buscar sus propios archivos, a la Guardia Civil los suyos y al Ministerio de Defensa a que localice la documentación de los gobiernos militares; y, de paso, que nos explicara qué hacen los tribunales militares territoriales con un patrimonio histórico que la Ley de Memoria Histórica, que también es ley para ellos, obliga a poner a disposición de los familiares de las víctimas y a la investigación. Entonces, y sólo entonces, empezaríamos a creer que en este país se puede investigar el pasado y que la historia habría que dejársela a los historiadores.

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