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Demandan al Ayuntamiento 3.000 euros por daños morales tras la avería de los crematorios

Antonio Fernández, que tuvo que incinerar a su mujer en otra localidad por la avería de los crematorios, denuncia así el "anormal funcionamiento de los servicios mortuorios que debe prestar el Ayuntamiento" .

el 13 oct 2011 / 16:21 h.

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El abogado y conocido líder vecinal de la barriada de El Arenal, Antonio Fernández, ha demandado al Ayuntamiento una indemnización por daños morales por valor de 3.000 euros, dadas las "molestias" y la desazón que sufrió al tener que trasladarse a otra localidad para incinerar a su mujer por la avería de dos de los tres hornos crematorios del cementerio.

Así lo ha confirmado el propio Fernández, que ha añadido que ha decidido dar este paso ante la falta de respuesta a su solicitud por parte de la corporación municipal, que durante más de tres meses, plazo legal establecido, ha mantenido esta petición sin réplica.

La reclamación se presentó después de que el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla resolviera el sobreseimiento provisional de una denuncia penal interpuesta por Fernández "al no estar debidamente justificada la perpetración de delito", todo lo cual se puso en conocimiento del Ministerio Fiscal y las partes personadas. 

Ante esta situación, Fernández ya confirmó que iniciaría un nuevo camino, pues la denuncia archivada se encausó por vía penal al considerar el denunciante que podía haberse dado una resolución administrativa injusta a sabiendas, lo que habría derivado en un presunto delito de prevaricación.

En la reclamación, Fernández se remite a la legislación vigente para recordar que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes "por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de las administraciones públicas".

Así, el reclamante entiende como daños resarcibles "toda lesión que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos en todo caso, cuando el particular no tenga el deber jurídico de soportarlo".

De esta manera, si bien el letrado no entiende que exista un perjuicio patrimonial, "sí lo hay en cuanto a daño moral, pues además éste deriva del anormal funcionamiento de los servicios mortuorios que debe prestar el Ayuntamiento".

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