La nueva sede de Justicia se encuentra en un edificio propiedad de la Junta en Vega del Rey.
-->--> -->El Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja) ha llevado a la vía penal el reciente mudanza de algunos de los servicios de Justicia y Administración Pública a Camas, con una denuncia dirigida contra el viceconsejero del ramo, José Antonio Ortiz Mallol, por un posible delito de prevaricación, ya que considera que el traslado fue “ilegal” porque, entre otras cosas, “no ha sido aprobado en la mesa sectorial”.Según consta en la denuncia, el traslado se ha producido “sin modificar la relación de puestos de trabajo” que establece la ley, ya que 50 plazas de funcionarios se han visto modificadas de dirección e incluso municipio. Esto obliga a que el cambio tenga que ser publicado oportunamente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), lo que “tampoco” se ha llevado a cabo.
La orden del traslado a Vega del Rey, muy cerca del Polígono El Manchón, fue dictada por la viceconsejería el pasado 29 de diciembre en una resolución. Una decisión que “fue tomada contra el criterio de la totalidad de las organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial de la Administración General y de la junta de personal de los Servicios Centrales”.
La denuncia también recuerda que los sindicatos solicitaron una serie de condiciones en caso de que el traslado se efectuase, entre las que se incluía la modificación de la relación de puestos trabajo, facilitar las conmutas de plazas por si hay otros funcionarios interesados y el transporte a la zona, ya que a la misma no llega el transporte público. Ninguna ha sido adoptada.
Para el Safja, la propia Junta “reconoce” la ilegalidad de su decisión cuando en la resolución antes citada señala que “se está procediendo a la modificación de la relación de puestos de trabajo”, pese a lo cual el traslado se ha llevado a cabo antes de completarla, “asumiendo la ilegalidad denunciada”.
Por último, el sindicato reclama al juzgado el acta de la mesa sectorial en la que se estuvo debatiendo el traslado a Vega del Rey, “en la que estuvieron presentes todos los sindicatos con representación”, en la que mostraron su desacuerdo con la mudanza. “Dado que del acta elaborada no se ha dado traslado a esta parte, a pesar de haberla solicitado, se requerirá a través del juzgado”.
El sindicato cree que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación que castiga “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de siete años”. Por ello, insta al juzgado a que practique las diligencias necesarias, reclamando como prueba la declaración como imputado del viceconsejero, y de los representantes sindicales en la mesa sectorial como testigos.
El sindicato ha decidido presentar la denuncia después de que el pasado mes de enero remitiese un escrito a Ortiz Mallol en el que le advertía de que si no paralizaba el traslado, atendiendo a las supuestas irregularidades que se estaban cometiendo, llevarían el asunto a la vía penal.
En total, se han visto afectados por el cambio 50 funcionarios de seis servicios diferentes que, con anterioridad, estaban situados en edificios en alquiler del centro y de República Argentina. El objetivo de esta medida, según explicaron en su día fuentes de la desaparecida Consejería de Justicia y Administración Pública, es recortar gastos, ya que el edificio de Vega del Rey es propiedad de la Junta de Andalucía.
Según explicó en su día el presidente del Safja, Juan Romero, el traslado ha perjudicado a funcionarios que acababan de solicitar dicha plaza “pensando que estaba en Sevilla “y que ahora tienen que trasladarse a una zona a la que no llega el transporte público. “Esto no sólo perjudica a los funcionarios sino a los usuarios que sólo pueden llegar en transporte privado”, ya que hay servicios como Reforma de Menores, “en los que diariamente acuden personas para hacer gestiones”.
