Maria Dolores (dcha.), mujer que tuvo que dejar de trabajar para cuidar a su madre (izda.). Reportaje que mostramos en la edición en papel. / J.M.Paisano
Cuando allá por diciembre de 2006 el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el Estado de Bienestar sumaba un cuarto pilar al considerarse consolidados el acceso universal a la educación, la sanidad pública y gratuita y un sistema de pensiones solidario garantizados para todos los ciudadanos. Eran tiempos de bonanza económica y políticas progresistas que apostaban por dar un paso más y convertir en derecho obligando a las administraciones a garantizarlo lo que hasta entonces era una labor asistencial basada en el voluntariado y la beneficencia aunque con ayudas públicas: la atención a quienes no pueden valerse por sí mismos en ciertas actividades diarias por una discapacidad, congénita o adquirida, o los efectos del progresivo envejecimiento. Pero llegó la crisis y si los recortes han afectado a aspectos considerados intocables de los otros tres pilares, el cuarto se ha quedado a medias. Antes de consolidarse, el despliegue total de un nuevo derecho llamado a situar nuestro sistema de protección social entre los más avanzados de Europa se ha paralizado de facto.
No es que mayores y discapacitados no recibieran asistencia antes de la ley. Ya existían centros y residencias de asociaciones con plazas total o parcialmente subvencionadas, pero el sistema de acceso no estaba regulado y los fondos públicos dependían de la voluntad política. Sin olvidar el cuidado altruista, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas, que en una cultura como la nuestra asumieron durante años las familias, especialmente las mujeres. La Ley de Dependencia venía a poner orden y asegurar una valoración profesional de las necesidades de cada persona (grado de dependencia), establecer qué tipo de ayuda le vendría mejor (plan individual de atención) y garantizarle que la recibiría por derecho (concediéndole una prestación). Además en un plazo de seis meses que, en realidad, nunca se ha cumplido, pese a que más de la mitad de los solicitantes supera los 80 años y no son pocos los casos de personas fallecidas antes de recibir la ayuda. «La demora ha sido constante desde el inicio», alertaba el Defensor del Pueblo Andaluz en su último informe anual, en el que aludía al aluvión inicial de peticiones y a constantes cambios legislativos, si bien puso el dedo en la llaga al concluir que «la causa no es otra que las dificultades de la financiación del sistema y no la argucia de la adaptación legal normativa que se alega».
La norma fijó un calendario progresivo de aplicación (el acceso al derecho comenzó por los dependientes más graves y aún no ha llegado a los moderados porque el Gobierno del PP lo ha ido posponiendo, ahora hasta 2015). Y estipula dos tipos de prestaciones: servicios (residencia, centro de día, asistencia a domicilio y teleasistencia) y ayudas económicas por cuidados familiares, una forma de reconocer el trabajo realizado hasta entonces gratis principalmente por madres, hijas o nueras y esposas que pasaron a cotizar a la Seguridad Social por esa tarea (uno de los últimos recortes es suprimir esa cotización) y a percibir una retribución (también rebajada). La ley preveía que las ayudas económicas fueran excepcionales pensando en que la atención profesionalizada beneficiaba al dependiente y además era un yacimiento de empleo. Pero desde el principio fueron mayoritarias y la crisis no ha hecho más que ahondar en esa tendencia (en 2008 eran el 33% y hoy casi el 42%), hasta el punto de que hay familias que sacan a los dependientes de centros para pedir esa ayuda que se convierte en su sustento, como alertan los gerentes de estos servicios y el propio presidente del Cermi, José Manuel Porras, para quien «nunca se debieron dar prestaciones económicas, ese fue el error, salvo en los casos de justicia de cuidadores que tuvieron que dejar su proyecto vital por atender sobre todo a mayores».
No ha sido el único problema de la ley. Primero las previsiones se dispararon, especialmente en Andalucía, donde vive el 17,8% de la población del país pero que llegó a recibir en 2008 el 32% de todas las solicitudes (aún supera el 23%) y el 22% de los dependientes con prestación son andaluces. Aunque la tasa de discapacidad en Andalucía es superior a la media (20%) también tiene la población menos envejecida, por lo que la razón enlaza con el segundo problema de la ley: su desarrollo depende de las tres administraciones: el Estado, las comunidades y los ayuntamientos (éstos no ponen dinero pero intervienen en la tramitación y gestionan servicios). Un caldo de cultivo para la descoordinación y su uso como arma política. No todos los territorios se aplicaron igual y las estadísticas prueban que, inicialmente, Andalucía fue pionera mientras otras se hacían las remolonas.
Y si el desarrollo de la ley depende de la voluntad de tres administraciones, también la financiación, principal problema con el que se ha topado. La llegada del PP al Gobierno desequilibró la balanza ya que de una cofinanciación al 50% se pasó a un 28% del Estado y un 72% de las comunidades. La Junta estima que eso, y los sucesivos recortes estatales, han supuesto que Andalucía reciba en dos años 314 millones menos para un sistema que cuesta una media de 2,5 millones diarios y al que la Junta ha destinado desde su inicio 6.473 millones.
El Gobierno andaluz se escuda en los recortes estatales pero si al principio su apuesta por la dependencia fue notable esa nota recibió durante años en el Observatorio de la Dependencia de la Asociación estatal de directores gerentes en servicios sociales, con el tiempo aprueba raspado (5,8 en el último informe de enero). Aunque la Junta siempre presume de blindar el gasto social en sus presupuestos (este año se mantienen 1.115 millones para dependencia), desde 2012 no se valoran nuevas solicitudes actualmente hay 49.210 pendientes y 54.453 personas esperan en un limbo con el derecho ya reconocido sobre el papel pero sin recibir la ayuda concedida (la consejera del ramo, María Jesús Sánchez Rubio, se ha comprometido a reactivar el sistema). Hace poco más de un año, dependientes, trabajadores y directores de centros salieron en masa a la calle porque los retrasos en el pago de los conciertos tenían los servicios al límite y a las plantillas sin cobrar (se está poniendo al día y paga a 90 o 60 días). Sin olvidar la transferencia que debe hacer a los ayuntamientos para abonar el servicio de ayuda a domicilio, que ha provocado insumisiones ilegales como la de Jaén por los retrasos pero también conflictos laborales por consistorios que no destinaban el dinero recibido a ese fin.
En medio de unos y otros se encuentran ciudadanos especialmente vulnerables, con discapacidades intelectuales, problemas de movilidad por paraplejias o trastornos como la afasia, que necesitan para su día a día una ayuda que las administraciones les garantizaron por ley.
EL RESTO DE REPORTAJES SOBRE DEPENDENCIA, EN LA EDICIÓN EN PAPEL. LAS OPCIONES DE DEPENDENCIA, CÓMO SE VALORAN LOS CASOS, LAS OPINIONES DE LOS DEPENDIENTES, CUIDADORES, ETC.
