En España el 32,21% de las personas de más de 65 años padecía algún tipo de discapacidad en 1999. Algo más de dos millones. En Andalucía dicha tasa sube al 39,4%. Y si las proyecciones de futuro aciertan, en 2025 habrá en la comunidad 1.100.000 de personas mayores con discapacidad. El escenario presente, que se agudizará aún más en el futuro, vendrá acompañado de una revolución de las costumbres tradicionales a la hora de prestar ayuda al mayor con problemas. De ahí la importancia de poner en marcha la Ley de Dependencia que garantizase desde el Estado y las administraciones autonómicas la atención a un colectivo que no sólo vive más sino que quiere vivir mejor. Esa ley es uno de los hitos, sino el mayor, más relevantes de la legislatura que concluye el 9M, pero su aplicación está tropezando con algunos escollos que debieron haberse previsto. En Andalucía ha sido el propio Defensor del Pueblo Andaluz el que ya ha advertido a la Junta de que debe otorgar la máxima urgencia a la aplicación de la ley para evitar el enorme atasco que hoy sufre. El Gobierno regional culpa a los ayuntamientos enemigos de hacerse los remolones y no asumir su papel en la ejecución de la ley. Pero al margen de la rebeldía política de alguna corporación, la excusa no sirve. El problema tiene que ver más con el hecho de haber dejado prácticamente en manos del ciudadano la valoración del grado de dependencia de su familiar. Así, se calculó que se presentarían 40.000 solicitudes de valoración el año pasado y se han presentado casi noventa mil. -Un ejemplo gráfico: se han entregado más peticiones en Sevilla que en toda la Comunidad de Aragón-. Esas 50.000 peticiones no previstas son las que están colapsando el sistema, retrasando la aplicación de la ley y del resto de sus atributos colaterales. Quizá la Junta quiso abarcar demasiado y ahora tropieza con el lógico bloqueo. Pero localizado el problema, será más fácil la solución. Aunque deberá emplearse a fondo para conseguir en el menor plazo que las previsiones empiecen a acercarse a la realidad. Miles de mayores dependientes andaluces se merecen de sobra ese esfuerzo que compense aquel exceso de optimismo en las previsiones. Es de justicia.
