La Asociación Derecho a Vivir continúa su batalla judicial contra la decisión de la Junta de Andalucía de obligar al Hospital Blanca Paloma de Huelva a retirar, según su deseo, una sonda nasogástrica a Ramona Estévez, una anciana de 90 años ingresada desde el pasado 26 de julio en el centro tras sufrir un infarto cerebral.
La asociación presentará mañana una denuncia contra la consejera de Salud, María Jesús Montero, por ordenar al hospital que aplicara la Ley de Muerte Digna, que obliga a los médicos a respetar la decisión del paciente de no recibir tratamiento o cuidados paliativos.
Ramona está insconsciente desde que ingresó pero su hijo, José Ramón Páez, pidió a los médicos que retirarán la vía para alimentarla porque ella no desea prolongar su vida artificialmente. Ante la negativa de los médicos, recurrió a la Consejería de Salud, que instó al centro a cumplir la ley. Ahora, Derecho a Vivir, denunciará a la consejera de Salud por una posible vulneración del derecho fundamental a la objeción de conciencia de los médicos (la Constitución solo reconocía este derecho para el servicio militar pero el Gobierno lo amplió a los facultativos para los abortos) y un posible delito de omisión de auxilio.
Derecho a Vivir ya recurrió el la semana pasada a los tribunales para pedir la tutela judicial urgente de Ramona, reclamando que se le restituyera la sonda para impedir que muera de inanición, lo que consideran una práctica eutanásica encubierta. Sin embago, el juzgado de instrucción número 5 de Huelva archivó el sábado la denuncia tras escuchar a los familiares de la paciente. Según informaron a Europa Press fuentes de la Fiscalía, la denuncia fue archivada porque la Asociación Derecho a Vivir "no tiene legitimación" para realizar esta petición, ya que "no es parte interesada en el procedimiento y no se aportan indicios de que haya habido delito".
