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Desafío del TSJA al Supremo en Ciudadanía

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reabierto la polémica sobre Educación para la Ciudadanía, que había permanecido cuatro meses dormida, el tiempo transcurrido desde que el Tribunal Supremo concluyó en febrero que la objeción de conciencia a la asignatura es ilegal.

el 16 sep 2009 / 03:46 h.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reabierto la polémica sobre Educación para la Ciudadanía, que había permanecido cuatro meses dormida, el tiempo transcurrido desde que el Tribunal Supremo concluyó en febrero que la objeción de conciencia a la asignatura es ilegal. El Alto Tribunal Andaluz ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por una familia de Bollullos del Condado para impugnar el manual de la editorial McGraw Hill. La misma familia a la que el Tribunal Supremo retiró la posibilidad de objetar a la asignatura ha presentado el primer recurso contra un libro de Ciudadanía desde que el Supremo dijera en varias sentencias el pasado mes de febrero que no es posible la objeción de conciencia que pretendían. La admisión a trámite del recurso por parte del Alto Tribunal Andaluz supone, por tanto, un desafío en toda regla al pronunciamiento del Supremo, con el argumento de que la admisión a trámite no tiene que ver con la asignatura en sí sino con uno de los libros que sirven de manual para impartir la materia en los colegios andaluces. Los magistrados que han admitido a trámite el recurso son los mismos que a principios de año fallaron a favor de la objeción de conciencia de una familia de Granada, sin poder ir más allá por no tener acceso a todos los contenidos. En este caso, todo hace pensar que los magistrados de la llamada Sala Vaticana -la integran al menos dos jueces vinculados al Opus Dei- censurarán el contenido del libro, toda vez que el Supremo declaró ilegal la objeción pero recordaba a los padres su derecho a vigilar que la concreción de sus contenidos no contradiga la neutralidad ideológica. Es esa misma neutralidad la que debería primar en los jueces a la hora de analizar y decidir sobre una asignatura que se imparte con total normalidad en Europa y que corre otra vez serio riesgo de ser usada como arma política arrojadiza.

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