Juzgado de Paz de Los Palacios y Villafranca. / El Correo
Los desahucios, tan a la orden del día en esta crisis que pende como espada de Damocles sobre tantos hogares, también han llegado en Los Palacios y Villafranca a organismos públicos como el Juzgado de Paz, cuya competencia administrativa es del Ministerio de Justicia pero cuyos medios materiales como la sede utilizada es del Ayuntamiento. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Utrera ha dictado una orden de desahucio sobre el local que el Juzgado de Paz palaciego ocupa en el edificio multiusos propiedad de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), en pleno centro del pueblo.
La fecha fijada es el próximo 16 de abril. El motivo en cuestión es que el Ayuntamiento lleva seis años sin pagar la renta, concretamente desde noviembre de 2009, por lo que es una deuda acumulada y compartida por el actual equipo de gobierno de Juan Manuel Valle (IP-IU), que ocupa la Alcaldía desde junio de 2011, y el anterior gobierno socialista de Antonio Maestre. El caso es que, con intereses y costas incluidos, el despacho de abogados Alcedo, de Sevilla, reclama al Consistorio palaciego para su cliente un montante de 92.000 euros, según denunció ayer el portavoz del grupo municipal del PP, Antonio Romero Bejarano, que calificó el hecho de «escandaloso e insólito». «Volvemos a ser el hazmerreír de todos porque, ¿dónde se ha visto que desahucien un juzgado?», se preguntó Romero.
La patronal empresarial sevillana tiene alquilados otros muchos locales del antiguo edificio que acogió a Idelpa (la sociedad semipública Iniciativas de Desarrollo de Los Palacios y Villafranca, ya desmantelada), y a precios muy ventajosos para los emprendedores que inician su aventura, pero los locales 5, 6 y 7 se los tiene alquilados al Ayuntamiento. Este, de su parte, reconoció la situación y señaló que está «en negociaciones» para evitar finalmente ese desahucio previsto para dentro de dos meses, según aseguró ayer la concejala de Hacienda, Rocío Lay. «Se trata de uno más de los problemas e irregularidades que dejó el anterior gobierno socialista», aseguró Lay.
El líder del PP, por el contrario, responsabilizó sobre todo al actual gobierno, porque si bien es cierto que el gobierno del exalcalde Antonio Maestre dejó casi dos años por pagar, el equipo de Valle lleva casi cuatro años sin hacerlo. «Y no han hecho nada para evitar que se llegara a tan lamentable situación», apostilló Romero, y añadió: «No han pagado nada ni de lo que quedó atrás ni de lo que les corresponde a ellos, a pesar de que conocían las situación y los requerimientos anteriores, pues no se puede ejecutar un lanzamiento sin haberlo comunicado antes a su inquilino».
Hace meses, y en dos ocasiones, el Juzgado de Paz cuyo titular es el juez Antonio Hormigo, sufrió el corte de la línea telefónica, también por impagos, pero el gobierno de Valle consiguió llegar a un acuerdo con la compañía para ir pagando paulatinamente, la misma fórmula que intentará llevar a cabo ahora con la CES para no tener que trasladar la sede del juzgado a un nuevo local.
