Por Derecho

Desahucios: una epidemia social para la que se busca una cura

Las medidas de las administraciones públicas han aliviado este drama pero no logran taponar una hemorragia que en Andalucía se traduce en 45 desahucios al día. Las oficinas de la Junta atienden casos como el de Macarena, que pide renegociar su hipoteca con el banco porque ya no entra ningún ingreso en casa.

el 08 feb 2014 / 00:01 h.

La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en los últimos meses en el único recurso para muchas familias. En la imagen, los vecinos que ocuparon los pisos de VPO en Nuevo-Amate en Sevilla. / J.M. Paisano La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en los últimos meses en el único recurso para muchas familias. En la imagen, los vecinos que ocuparon los pisos de VPO en Nuevo-Amate en Sevilla. / J.M. Paisano Macarena se derrumba llorando mientras espera a que le atiendan en la oficina de Sevilla que la Junta habilitó para luchar contra los desahucios. «Perdonadme, qué vergüenza», se excusa entre sollozos. Cuando le toca su turno, se sienta nerviosa delante de Pablo, uno de los tres funcionarios que se dedican de lleno al asesoramiento a personas en riesgo de perder su casa. Macarena, con 29 años, marido y un hijo de siete, no puede pagar la hipoteca (504 euros al mes) de su piso de las Tres Mil Viviendas porque su familia vive exclusivamente con la ayuda de 426 euros que cobra su pareja y que se le acaba en julio. Están los dos en paro, pero en ocho años todavía no ha fallado ni un mes a su obligación con el banco. Eso sí, está asfixiada. Sobrevive porque su familia le da de comer y va pagando el crédito con los ahorros que le quedan de la época en que ambos trabajaban. No para de llorar mientras le cuenta a Pablo sus problemas. Él le explica pausado que van a solicitar al banco (en su caso es una financiera que ni siquiera ha firmado el Código de Buenas Prácticas) una reestructuración de su deuda para negociar una carencia de cinco años, esto es, que durante ese tiempo solo pague los intereses y la hipoteca se alargue en el tiempo. La cuota le bajaría a poco más de cien euros al mes. «Por Dios, ¿eso es posible?», exclama Macarena entre lágrimas. Posible es, le responde Pablo, pero el proceso solo acaba de empezar. A veces acaba bien y muchas otras mal. El caso de Macarena es, desgraciadamente, el pan nuestro de cada día en Andalucía. En la comunidad se ejecutan unos 45 desahucios al día, 100.000 desde que estalló la crisis en 2007 y empezó a cebarse con los más débiles. El drama de la vivienda ha desencadenado un movimiento ciudadano sin precedentes, organizado a través de plataformas o de forma altruista, que intenta frenar los casos más urgentes y que ha evitado decenas de desalojos de familias en riesgo de exclusión social. Junto a la presión social, las administraciones han dado pasos para legislar a favor de los más necesitados ante una realidad incontestable: una ley hipotecaria española que la justicia europea ha declarado ilegal y abusiva.   LEYES DE CORTO ALCANCE   Pero lo que se ha hecho no consigue taponar la hemorragia social que supone el problema de la vivienda. El Gobierno central, empujado por la creciente demanda ciudadana, aprobó la pasada primavera una ley de desahucios (Ley de Medidas para la Protección a los Deudores, Reestructuración de la Deuda y Alquiler Social) que no contenta a las asociaciones de afectados. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) llevó al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular, avalada por un millón y medio de firmas, en la que se pedía la dación en pago (devolver el piso al banco para saldar la deuda de la hipoteca). La norma que el PP sacó en solitario incluye una dación en pago pero mínima y en casos extremos. El punto principal de la ley es la suspensión de los desahucios durante dos años para quienes cumplan unos supuestos de especial vulnerabilidad. Las asociaciones se quejan de que solo el 2% de quienes solicitan esta medida consigue acogerse a ella, aunque desde el ámbito judicial le reconocen cierta utilidad. Rafa, uno de los funcionarios que se dedican al asesoramiento, atiende a una pareja en riesgo de perder su casa. / Pepo Herrera Rafa, uno de los funcionarios que se dedican al asesoramiento, atiende a una pareja en riesgo de perder su casa. / Pepo Herrera En Andalucía, el Gobierno de coalición PSOE-IU también tomó medidas. Paralizó los desahucios en las viviendas del parque público, creó las oficinas de asesoramiento e intermediación (hay una en cada provincia y en Cádiz dos), que han evitado 4.313 desahucios, según datos de la Consejería de Fomento y Vivienda, y aprobó la polémica Ley de la Función Social de la Vivienda, que ha sido recurrida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Constitucional y paralizada. La norma da potestad a la Junta para expropiar durante tres años a los bancos el uso temporal de los pisos donde vivan familias en riesgo de exclusión a punto de ser desalojadas. La administración les arrienda a los afectados sus propias casas por un alquiler muy bajo. También contempla multas de hasta 9.000 euros a los grandes propietarios (bancos, empresas) que tengan viviendas vacías. Durante el tiempo en vigor de la ley, la Junta ha llevado a cabo 39 expedientes de expropiación pero solo ha culminado dos. Los otros 37 han quedado a merced de los jueces, aunque desde la Consejería de Fomento y Vivienda han enviado cartas a los bancos y juzgados para evitar que estas familias se vean en la calle. Rafa, el otro funcionario de la oficina antidesahucios de Sevilla que atiende de cara al público –también está Maro, que es quien da las citas por teléfono y filtra los casos; Paca, la secretaria de la delegada provincial de Fomento, Granada Santos, y hay dos plazas de juristas que en estos momentos no están cubiertas– se levanta de su mesa cuando despide a una pareja mayor y exclama: «Esta familia era carne de expropiación». Comienza un debate entre los técnicos sobre el recurso del Gobierno central a la ley andaluza. «Yo no sé si será constitucional o no. Solo sé que cuando te sentabas con un banco, con solo insinuar o mencionar la expropiación, se llegaba a un acuerdo». «Los requisitos eran tan estrictos que solo se usaba para casos extremos. Cuando se paralizó sentí impotencia», añade Pablo. Ambos lamentan que trabajan sin «herramientas» legales, y que la imaginación les hace buscar las vueltas a las leyes y normativas para poder proteger a los afectados por el drama de la vivienda. «La comunidad no tiene competencias hipotecarias y nosotros metemos a la comunidad en una negociación privada entre el banco y el consumidor», sostiene Rafa. Las oficinas trabajan en tres fases: la prevención (personas que antes de firmar una hipoteca quieren informarse, por ejemplo, sobre las cláusulas abusivas), la intermediación, que es la pata fundamental y que consiste en negociar con los bancos una carencia en el crédito, alquiler social, suspensiones de lanzamientos o dación en pago, y la fase de protección para las personas que ya tienen fecha de desalojo. Ahí la Junta, en colaboración con los ayuntamientos (hay 265 adheridos al programa), hacen todo lo que pueden: inscriben a los afectados en los registros de demandantes municipales o median con los juzgados para intentar dilatar el desalojo. Algunos han puesto en marcha iniciativas como el de Baena (Córdoba), que en 2012 aprobó un plan para comprar viviendas de familias al filo del desahucio al precio tasado por el arquitecto municipal para luego arrendárselas en alquiler social a los afectados, o el de Salteras (Sevilla) que no trabaja con entidades financieras que desahucien. En muchas ocasiones las administraciones llegan demasiado tarde y las familias se quedan de patitas en la calle. Entonces es la red familiar la que a menudo amortigua el durísimo golpe de perder la casa.   FUNCIONARIO O PSICÓLOGOS   El trabajo de cara al público en las oficinas de Vivienda es durísimo. Un día normal hay citas cada 15 o 20 minutos y el único teléfono habilitado no para de comunicar. Mucha gente se derrumba al contar su caso o directamente amaga con cometer una locura. «Hacemos el trabajo de los psicólogos. Una señora me dijo una vez: o me arreglas el problema, o me tiro por la ventana. A otra familia se le concedió el Código de Buenas Prácticas y en la notaría, cuando iban a firmarlo, la mujer se cortó las venas. Menos mal que no murió», recuerdan horrorizados. «Yo hay noches que no duermo», confiesa Pablo. Rafa explica que la atención al público «te carga tanto que cuando me cuentan una situación tan dura, necesito reflexionar unas horas hasta que soy capaz de articular una solución». Ambos cuentan que hay compañeras que se han ido «cansadas psicológicamente de llorar todos los días». «No somos de piedra». Pero esta labor, dicen, es inmensamente gratificante cuando se consigue resolver alguno de los dramas de los afectados. «Lograr una dación en pago, una carencia de la hipoteca… ¡te da un subidón! La gente te lo agradece como si le hubiera tocado la lotería», sonríe Pablo. Paca, que es un torbellino y desborda ilusión aunque lleve 30 años trabajando en la Junta, enseña un mensaje de móvil que le mandó una afectada dándole las gracias por poder pasar la navidad en su casa. «Fue el mejor regalo de las fiestas. Me harté de llorar», recuerda. «La gente viene aquí disculpándose por tener que pedir ayuda y nosotros les hacemos ver que no son los culpables, sino las víctimas. Muchos acuden porque un familiar o amigo les coge una cita, si no no vendrían», lamenta Paca. Pablo quiere aclarar que los que piden ayuda en estas oficinas «no son gente que ha vivido por encima de sus posibilidades y que ahora no puede pagar la hipoteca. La mayoría viven en barrios obreros y tienen casas muy normalitas, y el 90% está en esta situación por el paro. Tienen que elegir entre la nevera o la hipoteca». «A mí sí hay personas en mi familia que me echan en cara que me comprara una casa que ahora no puedo pagar, pero cuando me la compré mi marido y yo estábamos trabajando. Te crees que nunca te va a pasar algo así», explica Macarena entre lágrimas. Esta chica coge su bolso y todos los papeles que lleva y se va. «Seguimos en contacto», le dice Pablo. En la puerta ya hay otra pareja abatida esperando su turno.

  • 1