El matrimonio sevillano, de 80 años de edad, sobre el que pesaba una orden de desahucio solicitada por su propio hijo tras firmar a nombre de éste un contrato de compraventa privado fueron desalojados de la vivienda de la capital hispalense en la que residían el jueves 25 de febrero.
En declaraciones a los periodistas en el momento de ser desalojados, el propio afectado, Joaquín Ortega, irónicamente dio las "gracias al señor juez por gestionar la Justicia tan humanamente", y lo calificó de "criminal".
En cuanto a su estado de salud, Ortega señaló que el médico forense encargado de valorar su minusvalía para poder ser desalojados de su vivienda "se ha llevado todos los documentos" y le ha dicho que "él es médico". "Dice que estoy bien para salir" de la vivienda en la que hasta ahora residían, admitió.
Por su parte, la mujer, Josefa Portillo, visiblemente afectada, aseguró sentirse "muy mal" y recordó que su marido "no puede andar" porque tiene un "100% de invalidez" reconocida, mientras que ella tiene el "75%".
"No podemos ni andar, con lo bueno que hemos sido con él -refiriéndose a su hijo- y a mi hija le dimos un piso porque la iban a echar a la calle y a última hora nos quedamos sin piso", lamentó entre sollozos.
El matrimonio no saben qué van a hacer ahora, aunque aseguró que por el momento irán a "casa de una persona" mientras gestionan los trámites para poder instalarse en una residencia de la capital hispalense.
Por último, Portillo admitió que no se esperaba este final, después de lo "buena" que ha sido siempre con su hijo. "Estamos muertecitos, hubiera preferido que Dios nos mandara la muerte y nos recogiera a los dos", admitió al tiempo que le enviaba "un abrazo y un beso fuerte" a su hijo y deseó que "sus hijos -en referencia a sus nietos- no se lo vayan a hacer nunca para que no tenga que pasar por este trance".
