El Cuerpo Nacional de Policía han desarticulado una organización criminal asentada en Sevilla que supuestamente había conseguido estafar alrededor de dos millones de euros a nueve víctimas que creían invertir en negocios inmobiliarios.
La Policía Nacional informó en un comunicado de que se han detenido a un total de cinco personas -cuatro de ellas en Sevilla y una más en Valencia- cuyas edades están comprendidas entre 33 y 45 años y que responden a las iniciales de A.C.L.C. y R.A.R.J., cuyos papeles desempeñados eran los de avisadores o captadores de víctimas; J.M.G.L. como falsificador de la organización; I.C.T., detenida en Valencia y M.R.V.S., ambas mujeres y cabecillas de la organización.
Los presuntos estafadores captaban a inversores mediante engaño para que invirtieran dinero en inmuebles que provenían de supuestas subastas judiciales. Los detenidos se quedaban con el dinero que las víctimas entregaban "en confianza para realizar posibles negocios".
Los cerebros de la organización eran dos mujeres, una residente en Valencia y otra en Sevilla, que dirigían la banda estafando a supuestos inversores a los que les hacían creer que iban a comprar inmuebles a menor precio del valor que realmente tenían en el mercado y que procedían de subastas judiciales que resultaban ser falsas.
El grupo de Delitos Económicos ha investigado durante más de un año a esta banda que estaba "perfectamente organizada y ramificada" y que ideó un sistema "casi perfecto" para estafar a numerosas víctimas, "manteniéndolas engañadas durante mucho tiempo sin levantar sus sospechas".
'Modus operandi'. Las gestiones de la banda comenzaba con la actuación de los 'avisadores', los cuales buscaban víctimas entre posibles inversores y les ofrecían viviendas supuestamente procedentes de embargos judiciales y que, por dicho motivo, tenían un coste inferior a su verdadero precio en el mercado.
Una vez convencidos los inversores del "buen negocio" que podían realizar, éstos entregaban una cantidad de dinero que rondaba los 20.000 euros para señalar el inmueble, aunque dicha cifra dependía del valor del piso que iban a adquirir en la subasta judicial. Los propietarios legítimos de estos pisos, que no se encontraban en situación de embargo judicial, no conocían la participación de sus domicilios en este tipo de negocios.
La operación proseguía con la adquisición de dicho dinero como señal, que era entregado a las dos cabecillas de la organización y que se utilizaba para jugar en el mercado negro de préstamos a un alto interés y a un corto espacio de tiempo, con lo que conseguían "grandes beneficios sin arriesgar dinero propio".
Así las cosas, transcurría el tiempo sin que los inversores recibieran ningún piso y cuando solicitaban información sobre el estado en el que se encontraba su inversión, los avisadores les entregaban a las víctimas unas actas judiciales falsas pertenecientes a Juzgados de Instrucción de la capital hispalense, que las cabecillas habían solicitado al encargado de la falsificación de documentos y donde se informaba a las víctimas de los pisos que les había tocado en la subasta.
Este hombre proporcionaba los documentos falsificados a cambio de 30.000 euros y de 7.000 euros si se trataba de realizar llamadas a los inversores, dotando de oficialidad todos los trámites.
Mientras tanto las jefas de la organización seguían invirtiendo o "jugando con el dinero" que habían invertido las víctimas hasta que nuevamente éstas solicitaban información sobre el piso que supuestamente les había sido adjudicado, sin que llegaran a recibirlo ni a recuperar el dinero.
Según informó la Guardia Civil, mediante este sistema la organización había conseguido estafar más de dos millones de euros a nueve personas, aunque en este momento continúan las gestiones, ya que en la documentación intervenida constan "datos suficientes" que hacen suponer a los agentes que existen más víctimas. Todos los detenidos fueron puestos a disposición judicial una vez finalizado el correspondiente atestado policial.
