Trabajaban en condiciones infrahumanas, casi como esclavos, en explotaciones agrícolas de la provincia y vivían hacinados en varios pisos de la barriada de Valdezorras. Ésta era la dura situación de varios los ciudadanos rumanos víctimas de una red que se dedicaba a captar trabajadores en Rumanía para luego explotarlos en tareas agrícolas. La red ha sido desarticulada con la detención de sus cinco miembros y la liberación de 15 personas. El cabecilla de esta organización dedicada al tráfico de mano de obra ha ingresado en prisión preventiva tras pasar a disposición judicial como supuesto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores y pertenencia a organización criminal.
Llegaban a España con la promesa de un trabajo, pero acababan en manos de una red que los obligaba a realizar tareas agrícolas en explotaciones agrarias de la provincia. Según explicó la Policía Nacional en un comunicado, las condiciones en las que vivían estas personas eran cercanas a la esclavitud, pues trabajaban sin descansos y vivían en viviendas en pésimas condiciones de habitabilidad.
Las víctimas eran captadas en su país de origen, Rumanía, dónde los componentes de la organización les prometían el trabajo, pero cuando llegaban a España descubrían el engaño. Una vez aquí, eran enclaustrados en varios pisos que la red tenía en la barriada de Valdezorras, donde han llegado convivir hasta 18 personas bajo el mismo techo y compartiendo cama. Los explotadores, además, les cobraban elevadas cantidades de dinero en concepto de alquiler y recibos de luz y agua, de tal forma que de los 900 euros mensuales que recibían como sueldo, escasamente les quedaba unos 200 para ellos. Estas personas eran obligadas a trabajar sin descanso en explotaciones agrarias de Gerena, Olivares y otras localidades del Aljarafe, según confirmaron fuentes policiales.
La desarticulación de la red se ha podido llevar a cabo gracias a una intensa investigación policial que comenzó tras diversas denuncias interpuestas por las propias víctimas. La mayoría de ellas denunciaron los hechos en su país tras regresar, aunque uno de los trabajadores sí decidió acudir a la Policía Nacional que abrió entonces las diligencias en estrecha colaboración con las autoridades rumanas. De hecho, fuentes policiales apuntaron a que el éxito de la investigación se debe, en gran parte, al trabajo conjunto que se ha desarrollado con la Embajada rumana en Madrid, con el Consulado de la capital hispalense y con las autoridades policiales de este país, así como con la Inspección de Trabajo.
Con los primeros datos obtenidos con las denuncias, la Policía Nacional procedió a localizar e intentar identificar a las personas que podían estar tras esta trama de tráfico de trabajadores. Tras las primeras pesquisas los agentes comprobaron que se trataba de una red organizada y dedicada a captar los trabajadores en el extranjero.
Así, la investigación determinó que la organización criminal estaba conformada por cinco personas, todas ellas de nacionalidad rumana, cuyas tareas dentro del grupo eran muy concretas. Este grupo tenía estratégicamente divididas las tareas, de tal forma que el cabecilla de la red era el administrador de una empresa de servicios agrarios, mientras que su esposa ejercía como testaferro de la misma. Ambos eran los encargados de disponían la distribución de funciones dentro de la organización. Una tercera persona era la que se encargaba de captar y trasladar a los trabajadores; mientras que los otros dos detenidos eran los que se dedicaban a controlar a los trabajadores captados.
Una vez que los agentes tuvieron localizados a los responsables, se montó el operativo para llevar a cabo el golpe a la red. Todas las detenciones fueron practicadas en las explotaciones agrarias en las que las víctimas eran obligadas a trabajar durante una extensa jornada de trabajo y sin descanso. En ese momento, los detenidos intentaron justificar la situación de los trabajadores presentando a los agentes documentos de identidad falsos con los que pretendían hacer pasar a los trabajadores explotados por otros ciudadanos rumanos que sí contaban con permisos de trabajo con la intención de eludir a las autoridades.
Finalmente, los cinco, dos mujeres y tres hombres, fueron arrestados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y otro de pertenencia a organización criminal y puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión del presunto cabecilla de la trama. Ninguno de ellos contaba con antecedentes penales. Los agentes consiguieron, además, la liberación de los 15 trabajadores explotados.
En la operación, la Policía Nacional también se incautó de diversos materiales y objetos, entre ellos dos furgonetas que eran usadas por la red para el transporte de los trabajadores. Además, también fueron intervenidos varios vehículos de alta gama, que los componentes de la red utilizaban en su día a día, y varias tarjetas de identidad falsas.
