¿Congelar la reforma del sistema de financiación? Felipe González consideró que es necesario para que las administraciones se centren en atajar la "coyuntura de crisis". Pero eso significaría incumplir los plazos del Estatut. Mientras José Montilla urge.
El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, tranquilizó el pasado martes a la Generalitat de Cataluña: la nueva financiación entrará en vigor en enero de 2009. Era un guiño a los socialistas catalanes, que soportan la presión nacionalista para que se cumpla el calendario previsto en el Estatut.
En éstas irrumpió ayer en el debate el ex presidente del Gobierno Felipe González: cree necesario dejar "para un momento posterior" la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica de manera que el Gobierno central, los responsables autonómicos y los agentes económicos y sociales puedan centrar la atención "en la recuperación de la actividad para frenar la caída del empleo" en esta "coyuntura de crisis". En un artículo de opinión publicado en El País, el ex presidente socialista advirtió de que el debate abierto sobre la financiación "puede ir contracorriente" de las prioridades.
"Como ambos frentes no pueden ser atendidos a la vez de manera razonable, para que sea satisfactorio el resultado, es mejor escalonarlos y centrarse en lo fundamental", recalca el ex presidente.
Como era previsible, el PP recogió pronto el guante. El líder de los populares, Mariano Rajoy, calificó de "muy razonable" la postura del ex presidente, pero aseguró que la decisión corresponde al Gobierno socialista "y si quiere hacerlo es su responsabilidad". El presidente del PP confesó que él no habría modificado el modelo de financiación autonómica porque, según dijo, se aprobó en 2001 "por unanimidad, lo votaron las 17 comunidades".
Rajoy no abundó en el tema, pero sí lo hizo la diputada andaluza Fátima Báñez, quien consideró que lo que debe hacer el Gobierno es esperar a que se conozca la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Como el PP recurrió los artículos sobre financiación autonómica del texto autonómico catalán, los populares entienden que si se espera el fallo del Alto Tribunal -la última previsión sobre la que se ha especulado es que se produzca en otoño- se allanará el camino para la negociación, sobre todo, porque si es contrario al Estatut desarmará a la Generalitat a la hora de plantear recortes a sus aportaciones a la caja común.
Y eso es lo que pretende evitar José Montilla. El presidente de la Generalitat expresó en el Parlamento su voluntad de cumplir de forma "escrupulosa" la bilateralidad que marca el Estatut a la hora de negociar con el Gobierno la financiación, un tema en el que ha dicho que no aceptará "ni dilaciones, ni subterfugios, ni aplazamientos".
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que "no habrá perdedores" con el nuevo sistema de financiación, y se ha mostrado convencida de que se llegará a un acuerdo con las comunidades autónomas en esta materia antes de agosto.
